Renta del 2015: deducciones y novedades para este año

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han presentado hoy, miércoles, un manual básico para afrontar con «éxito» y sin «sobresaltos» la Declaración de la Renta 2015. Campaña que comenzará el próximo 6 de abril y cuenta con las modificaciones introducidas en la reforma fiscal.
En dicho comunicado, los técnicos expresaron: «Con el objetivo de facilitar una de las obligaciones que suscita mayor inquietud entre los contribuyentes», se ha elaborado el manual para hacer «más sencilla» la presentación de la declaración.
Gestha recordó que los contribuyen con salarios inferiores a los 22.000 euros brutos anuales no están obligados a presentar la declaración de renta, siempre y cuando procedan de un solo pagador o bien si, procediendo de varios, la suma de lo ingresado por parte del segundo y restantes no excede los 1.500 euros anuales.
Además, los técnicos del Gestha destacaron que los contribuyentes han de tener «muy en cuenta» las peculiaridades fiscales propias de cada región, pues no todos saben que las comunidades autónomas tienen transferida la capacidad de aprobar sus propias deducciones en determinadas materias, algunas tan destacadas como por ejemplo el alquiler o la inversión en vivienda habitual, e incluso la posibilidad de realizar cambios en los tipos del IRPF.

Los planes de pensiones

Entre los puntos más destacados que recoge el manual se encuentra que las aportaciones a planes de pensiones o de previsión asegurado permiten rebajar la base imponible de la declaración de la renta.
No obstante, la reforma fiscal ha introducido dos modificaciones de cierta relevancia. En primer lugar, se ha reducido la cantidad límite que se puede aportar, pasando de 10.000 a 8.000 euros, siempre y cuando no exceda el 30% de los rendimientos del trabajo y actividades económicas, independientemente de la edad.
La segunda novedad está relacionada con el rescate del plan de pensiones en forma de capital. La reforma fiscal puso fin a la reducción del 40% al recuperar el dinero en forma de capital, la cual se aplicaba a los ingresos procedentes de las aportaciones realizadas antes del 31 de diciembre de 2006.
Otra de las novedades en la Renta de 2015 es la eliminación de la reducción general de 2.652 euros por obtención de rendimientos del trabajo. Como compensación, se establece un nuevo gasto deducible de 2.000 euros en concepto de otros costes que podrá incrementarse en otros 2.000 euros al año para los desempleados que encuentren un nuevo trabajo que implique un cambio de residencia en el año del cambio y en el siguiente.
Con ello, los trabajadores con discapacidad activos podrán desgravar más dependiendo del grado de discapacidad, la cuantía aumenta a 3.500 euros y 7.750 euros (antes las reducciones eran de 3.246 euros o de 7.246 euros).

Compra y alquiler de la vivienda

En cuanto a la desaparición de la deducción por alquiler, Gestha advierte de que los inquilinos con contratos anteriores al 1 de enero de 2015 pueden seguir deduciéndose el 10,05% de las cantidades satisfechas en 2015 y años sucesivos mientras mantengan el contrato de alquiler de su vivienda habitual, y siempre que su base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales. Se debe tener en cuenta que todas las comunidades autónomas, (salvo Baleares, Murcia y La Rioja), tienen aprobadas deducciones por alquiler, sujetas a sus propias limitaciones, requisitos, colectivos y tipos.
Para los arrendadores, existe ya una reducción única del 60% para el rendimiento neto declarado por el arrendamiento de la vivienda, desapareciendo así la distinción de la rebaja en función de la edad que elevaba al 100% la reducción cuando el inquilino era menor de 30 años.
Por su parte, los contribuyentes que compraron su vivienda habitual o realizaron algún pago para su construcción antes del 1 de enero de 2013 mantienen el derecho a la desgravación en 2015 y sucesivos años, siempre que hayan deducido por dicha vivienda en 2012 o en años anteriores. En este caso, pueden deducirse hasta un 15% de las cantidades invertidas con un límite de 9.040 euros.
También en materia de vivienda, la reforma fiscal mantiene la exención por reinversión en vivienda habitual que evita tributar por la ganancia patrimonial de la venta de la anterior vivienda habitual del contribuyente, siempre que el importe total de la venta se reinvierta en una nueva vivienda habitual en los dos años anteriores o posteriores a la venta de la vivienda antigua.
Otra novedad de la reforma fiscal es que las ganancias obtenidas por los mayores de 65 años con la venta de cualquier tipo de bien quedan exentas de tributación. No obstante, esa exención se producirá siempre y cuando las ganancias se destinen a la creación de una renta vitalicia asegurada, con un límite de 240.000 euros y en un plazo de seis meses.

Deducciones por donativos e impuestos negativos

En dicha reforma fiscal se introducen también mejoras al régimen de deducción por donativos a entidades incluidas en el ámbito de la Ley 49/2002 para estimular su
fidelización. Así, el contribuyente podrá desgravarse un 50% de los primeros 150 euros donados a fundaciones, ONGs o cualquier entidad acogida a dicha normativa y un 27,5% del resto de aportaciones, porcentaje que asciende hasta el 32,5% si la cantidad donada a una misma ONG no ha disminuido en cada uno de los últimos 3 años.
Asimismo, la reducción por cuotas de afiliación y las aportaciones a partidos políticos se convierte este año en una deducción de un 20% de dichas cuotas y aportaciones, siempre limitadas a una base máxima de 600 euros anuales.


Hacienda embargará también los depósitos a plazo por Internet

 El nuevo procedimiento se realizará a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria y las entidades de crédito podrán decidir si actuar mediante capturas manuales en pantalla o mediante intercambios telemáticos de datos.  Al posibilitar la automatización del tratamiento de las diligencias de embargo, permitirá que aquellas entidades que se decanten por esta segunda modalidad puedan llevar a cabo una gestión más ágil, según el Ministerio de Hacienda.

Tras la modificación legal de 2011, la totalidad de las actuaciones de embargo de los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria respecto de las cuentas a la vista abiertas en bancos se llevan cabo actualmente de forma no presencial.

La Agencia Tributaria explica en el razonamiento de la resolución que a la luz de la experiencia obtenida en el embargo por medios telemáticos de los saldos de cuentas a la vista y como consecuencia de los resultados favorables de tales actuaciones, tanto para la Administración Tributaria, como para las entidades de crédito destinatarias de las diligencias, se considera necesario extender el uso de tales técnicas a los saldos o importes depositados en dichas Entidades en imposiciones a plazo fijo, cuyo denominador común consiste en el depósito a un plazo cierto y definido contractualmente y la no disponibilidad del saldo por el depositante durante ese plazo.

Procedimiento

El procedimiento se iniciará mediante la selección por la Agencia de los deudores y de las cuentas a plazo e imposiciones a plazo fijo de las que aquéllos sean titulares. Una vez obtenida dicha información, se determinarán aquellas cuentas que pretendan embargarse, sin que puedan simultanearse para un mismo deudor varias diligencias en la misma entidad.

A diario, la Agencia Tributaria pondrá a disposición de las entidades las diligencias de embargo que hayan sido emitidas durante ese mismo día. En cada una de ellas se consignará un máximo de tres cuentas a plazo o imposiciones a plazo fijo. El número de diligencias de embargo puestas a disposición de una misma entidad en un mismo día no podrá exceder de setenta y cinco.

A través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria o mediante el intercambio telemático de datos, cada entidad deberá recoger diariamente las diligencias de embargo que el organismo haya puesto a su disposición el día anterior.  Hacienda impulsará una comisión de seguimiento para realizar análisis del proceso y la subsanación de incidencias. Además, podrán acordarse periodicidades y plazos diferentes de los anteriores.

Retención del importe

El mismo día en el que la entidad de crédito acceda a una diligencia de embargo, deberá retener el importe a embargar que figure en el documento, si existe saldo suficiente, o el total del saldo en otro caso. En el plazo máximo de cinco días hábiles, contados desde la puesta a disposición del envío de diligencias por la Agencia, las entidades de crédito deberán haber accedido a la totalidad de las diligencias de embargo que consten en ese envío.

Previo requerimiento de los órganos competentes del Fisco, las entidades de crédito estarán obligadas a justificar documentalmente la fecha y la hora en la que se ha producido el embargo efectivo.

Cuando en dichas cuentas o imposiciones no existiera saldo disponible que cubra el importe total a embargar, la entidad extenderá el embargo a aquellas otras cuentas a plazo e imposiciones a plazo fijo de titularidad del deudor abiertas en cualquiera de sus sucursales, hasta un máximo de seis por diligencia.


¿Qué hacer ahora si tengo un fondo de inversión?

Desde el inicio del 2016, las bolsas mundiales se han desplomado y ello ligado a la incertidumbre existente acerca de la posible evolución de la mismas durante los próximos meses ha hecho saltar todas las alarmas entre los inversores minoristas.

Después de las alzas en las bolsas que hemos vivido en los últimos años, debidas en buena parte a las políticas monetarias expansivas de los principales bancos centrales del mundo, la retirada de éstas por parte de la Reserva Federal ha provocado el movimiento de flujos en los mercados financieros y el consiguiente ajuste de las cotizaciones.
Ante dicha situación son muchas las preguntas y cuestiones de los inversores minoristas sobre cuál será la evolución de los mercados en los futuros meses y sobre qué se debe hacer con el dinero que tienen invertido en productos financieros como los fondos de inversión.

Partiendo de la base de que nadie tiene una bola de cristal para saber qué va a suceder en el futuro más próximo y lejano, es cierto que por el momento las caídas en la renta variable parecen haberse frenado, puesto que los principales índices bursátiles están aguantando el precio en los niveles de soporte más importantes.
Esto no quiere decir que no podamos volver a ver episodios de caídas en las bolsas, ya que en la actual situación de incertidumbre cualquier noticia negativa puede provocar una sobre reacción de los mercados.

Por lo tanto, muchos inversores con un perfil moderado o conservador se plantean qué hacer con su dinero.

¿Es el momento de ajustar la cartera?

La primera de las ideas que se le pasa por la cabeza a un inversor cuando está perdiendo una cantidad de dinero superior a la que es capaz de tolerar, es la de deshacer posiciones e irse a liquidez asumiendo pérdidas, sin embargo, aparte del coste que supondría en términos fiscales y de comisiones, es un impulso que puede echar por los suelos toda una estrategia de inversión a largo plazo.
Por lo tanto, ante situaciones del mercado como la actual, debemos saber que existen alternativas para ajustar nuestra cartera de fondos de inversión para tratar de capear el temporal.

Si alguno de nuestros fondos está teniendo un  comportamiento poco positivo, una de las primeras medidas que podemos tomar es buscar otros fondos de inversión de su misma categoría que obtiene mejor resultado.

Es cierto que en una situación como la actual, con todos los mercados en números rojos desde que ha comenzado el año, la mayoría de los fondos de inversión están pasando por problemas, sin embargo, siempre es posible encontrar algún fondo que lo esté haciendo mejor que el resto.

Es importante analizar la composición de la cartera

La caída de los valores liquidativos de los fondos de inversión puede ser una buena oportunidad para diversificar la cartera de inversión, reduciendo volatilidad introduciendo en ella categorías de inversión menos expuestas al vaivén de los mercados como la renta fija.

Ahora bien, a la hora de seleccionar nuevos fondos de inversión, es necesario analizar detenidamente la composición de sus carteras y cuál se ajusta mejor a nuestras necesidades.

En el caso de la renta fija, hemos visto como durante el año 2015 el mercado se ha desplomado, observando caídas en muchos fondos de inversión superiores al 5%. Actualmente muchas emisiones de bonos siguen siendo desproporcionadas en relación a la actual situación de los tipos de interés, por lo que debemos ser cautelosos a la hora de poner nuestro dinero en renta fija.

Lo ideal para estar más protegidos ante nuevas subidas de tipos de interés (básicamente en EEUU), es que debemos buscar fondos que inviertan la mayor parte de su cartera de renta fija en deuda de corto plazo (bonos con duraciones inferiores a dos años).
En el caso de la renta variable, debemos tener cuidado con la sobre exposición a mercados emergentes y tener cuidado con la inversión en moneda extranjera para minimizar el riesgo divisa.


Varios frentes judiciales permanecen abiertos contra el Banco Madrid

Tras un año de la intervención del Banco Madrid, filial en España de la andorrana BPA, su situación está lejos de solucionarse y, aunque la mayoría de los depositantes e inversores han recuperado sus inversiones, no se ha producido la liquidación y permanecen abiertos varios frentes judiciales.
El 10 de marzo de 2015 el Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF), el regulador financiero del país, intervenía la Banca Privada d’Andorra (BPA), propietaria del 100 % de Banco Madrid, a la que se investigaba en EEUU por canalizar presuntamente fondos del crimen organizado.
Al día siguiente, el Banco Madrid fue gestionado por un equipo de interventores, designado por el Banco de España. Y la unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac, denunciaba días después a la entidad ante el Ministerio Fiscal, tras detectar numerosas operaciones irregulares que podrían apuntar al blanqueo de capitales.
Transcurridos doce de estos sucesos ni BPA ni Banco Madrid han resuelto su futuro, aunque si ha habido importantes avances. Cabe destacar que el Banco de Madrid poco antes de estos sucesos había sido elegido como la mejor entidad de banca privada de España por la revista Capital, además de mejor entidad de gestión de patrimonios de España por la publicación Global Banking & Finance Review,
Por lo que respecta a Banco Madrid, que tras la intervención solicitó el concurso voluntario de acreedores por el fuerte deterioro sufrido por la retiradas de fondos de clientes, antes del verano podría culminar la liquidación emprendida por los administradores concursales.
Inversores y depositantes
Prácticamente todos los inversores y depositantes han recuperado su dinero, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendiera temporalmente los reembolsos de los fondos de inversión y Sicav (Sociedades de Inversión de Capital Variable) gestionados por la gestora de Banco de Madrid e inmovilizaba los fondos de unos 15.000 clientes con casi 700 millones depositados.
Sólo a través de su gestora, Banco Madrid contaba con unos 78.000 clientes, cuyo patrimonio ascendía a más de 3.000 millones a través de más de cien fondos, según datos de Inverco.

 

Pérdidas para los acreedores

Sí que cabe esperar pérdidas para los acreedores, las cuales dependerán de los resultados que se obtengan por la venta de la gestora y los créditos a clientes, puesto que según el informe concursal del mes de julio pasado, los pasivos superan a los activos en unos 15 millones de euros.
Por otra parte, próximamente se cerrará el plan de resolución de BPA, según la Agencia Estatal de Reestructuración de Entidades Bancarias de Andorra, con el traspaso de los activos, pasivos y clientes aptos a Vall Banc, el «banco bueno» creado con los activos y pasivos legítimos de la entidad, que se pondrá a la venta.
Pero los hermanos Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de BPA), no se resignan a perder el control de la entidad, y han presentado una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su agencia de prevención de lavado de dinero (FinCEN).
Pese a que los incidentes relacionados con el blanqueo de capitales que citó el FinCEN como pretexto para cerrar el banco ya habían sido notificados por BPA a las autoridades andorranas un año antes de la nota del organismo estadounidense, la FinCEN se ensañó con BPA como represalia por la falta de cooperación de Andorra en la lucha contra el blanqueo de capitales, aseguran los Cierco.


Ventajas de crear una Sociedad Civil

El primer paso que debe tomar una persona que quiere ser empresario es hacerse autónomo. ¿Pero y si en esa idea de negocio hay más de una persona? La cosa cambia al emprender en grupo es entonces cuando surgen alternativas como la comunidad de bienes, la sociedad civil o la más tradicional sociedad limitada.

Hoy analizaremos la Sociedad Civil, una de las fórmulas más baratas y rápidas para poder poner en marcha una idea de negocio.

 

¿Qué es una Sociedad Civil?

Técnicamente, una sociedad civil es un contrato privado de colaboración entre dos o más personas que desean realizar un negocio de forma conjunta. Hasta la entrada en vigor de la reforma de 2014, se trataba de una agrupación sin personalidad jurídica a través de la que cuál se desarrolla el negocio, lo que facilita enormemente todos los trámites de constitución y también los abarata. Una de las ventajas principales de las sociedades civiles es que no hay capital inicial, ni inscripción en el registro mercantil ni constitución ante notario y pueden ser socios tanto personas físicas como jurídicas, aunque desde el 1 de enero de 2016 esto implica importantes cambios cuando el objeto de la sociedad civil sea mercantil, como veremos más adelante.

Las características de la Sociedad Civil

Legalmente, la Sociedad civil se rige por el Código de Comercio en cuestiones mercantiles y por el Código Civil en materia de derechos y obligaciones. Ambos documentos recogen las normas básicas de comportamiento para este tipo de empresas. Las características de la Sociedad Civil son las siguientes, según indican desde el portal Creartuempresa del propio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: Cuenta con un mínimo de dos socios, que podrán ser capitalistas o industriales. El capital de la sociedad está formado por las aportaciones de los socios, que pueden ser dinerarias, como de bienes o trabajos y servicios.

Los socios que aportan dinero y trabajo serán socios capitalistas, que además son los encargados de la gestión, y los que aporten trabajo serán los socios industriales. Los socios deben darse de alta como autónomos en el RETA, aunque existen algunas excepciones. Puede tener personalidad jurídica propia dependiendo de si sus pactos tiene carácter público o no. En caso de optar por pactos secretos, se regirán como Comunidad de Bienes en lugar de como Sociedad Civil. Será necesaria escritura pública para constituir la Comunidad de Bienes siempre que se aporten inmuebles o derechos reales. La responsabilidad de los socios es personal e ilimitada. Dicho de otra forma, en caso de deudas los acreedores podrán ir contra el patrimonio personal de los socios. Se establece mediante contrato privado entre las partes. Se podrá administrar mediante administrador único, mancomunado o solidario. Es decir, con una única persona a cargo, teniendo que firmar siempre todos los socios o de forma que la firma de cualquiera de los socios obligue a represente a todos ellos. Si la sociedad civil no tiene un objeto mercantil, no tributa por las rentas obtenidas y cada socio deberá tributar en el IRPF bajo el régimen de atribución de rentas.

La cosa cambia cuando existe un objetivo mercantil y la sociedad tiene personalidad jurídica, en cuyo caso deberá tributar en el Impuesto sobre Sociedades, un cambio introducido en la reforma de 2014 y que ha tenido efecto en 2016. El problema de tener que tributar en el Impuesto de Sociedades, como ampliaremos más adelante, es que también obliga a llevar una contabilidad más detallada, eliminando en parte las ventajas de este modelo societarios.


El Tribunal Superior de Justicia se pronuncia a favor de los obligados tributarios

La sentencia no 62/17 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de 15 de febrero de 2015, se pronuncia a favor de los obligados tributarios declarando nula y expulsándola del ordenamiento jurídico la Orden 4/2014 de 28 de febrero de la Consellería de Hacienda y Administraciones Públicas, que establece los coeficientes aplicables en 2014 al valor catastral a efectos de la comprobación de valores de determinados bienes de naturaleza urbana tanto en el ámbito del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados como en el de sucesiones y donaciones, así como la metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación (DOCV num. 7229/ de 7 de marzo de 2014).

 

La exigencia sustantiva de que la comprobación de valores no puede ser automática y genérica, ha sido reiteradamente declarada por el TSJCV. Y lo ha reiterado, el Tribunal Supremo, en la Sentencia de 18 de enero de 2016 (Rec no3379/2014) en la que citando la Sentencia de 26 de noviembre de 2015 (Rec. No 3369/2014), clarifica que el valor comprobado administrativamente estará motivado cuando la valoración efectuada sea singular, determinando las circunstancias físicas y jurídicas que individualmente concurren en el objeto de comprobación, lo que implica atender al estado real del inmueble, estado de conservación, a su antigüedad y a los demás condicionantes de su valor en ese momento, y no limitarse a aplicar unos coeficientes medios o parámetros genéricos, válidos para cualquier inmueble situado en un mismo término municipal. Desde el prisma de una jerarquía normativa, la Orden no cumple las exigencias del artículo 10.1 de la Ley del ITP y AJD, cual es la obtención del valor real del inmueble objeto de la comprobación.

Con este nuevo criterio jurisprudencial, que tras un probable recurso por parte de la Generalitat Valenciana todavía podría ser discutido ante el Tribunal Supremo, las comprobaciones de valor realizadas en aplicación de la referenciada Orden actualmente anulada, y que no hayan adquirido firmeza, podrán ser recurridas con resultado favorable al contribuyente afectado.


Los estafados por comprar ‘casas fantasma’ podrán recuperar su dinero

pisos fantasma

La Audiencia Provincial de Valencia responsabiliza por primera vez a un banco y le obliga a reintegrar el anticipo, y los intereses, a una persona que compró una vivienda sobre plano a una promotora que quebró.

Nuestro despacho Barber y Asociados ha estudiado dicho caso y ha conseguido que los particulares que entregaron dinero a cuenta a promotoras que quebraron o desaparecieron para la compra de una vivienda que nunca fue construida podrían recuperar su dinero. Según el fallo emitido por la Audiencia Provincial de Valencia (APV) el pasado 28 de enero, que aplica por primera vez la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (TS), las personas que no recibieron ningún tipo de aval al entregar este patrimonio deberán ser reembolsadas, no por la promotora sino por la entidad bancaria donde fue ingresado el anticipo en cuestión.

La sentencia de la sección undécima de la APV es muy clara en este sentido y apunta que «en las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad».

Responsabilidad
Según ha podido conocer nuestro despacho, el texto del tribunal valenciano apunta directamente a los bancos y cajas de ahorro y recalca que «la responsabilidad que el art. 1-2ª de la Ley 57/1968 impone a las entidades de crédito desmiente su carácter de terceros ajenos a la relación entre comprador y vendedor. Antes bien, supone la imposición legal de un especial deber de vigilancia sobre el promotor al que concede el préstamo a la construcción para que los ingresos en la única cuenta que tenga con la entidad, especialmente si provienen de particulares como en este caso, sean derivados a la cuenta especial que el promotor deberá abrir en esa misma o en otra entidad pero, en cualquier caso, constituyendo la garantía que la entidad correspondiente habrá de exigir».

Sin duda, esta sentencia marca un antes y un después para todos aquellos compradores que no recibieron ningún tipo de aval tras haber entregado un anticipo a cuenta a una promotora que posteriormente quebró.

«Este fallo, que por primera vez toma en cuenta la contundente resolución del TS, abre la puerta a la denuncia contra las entidades bancarias de miles de personas que compraron sus casas sobre plano y que daban su dinero por perdido», explica el letrado Eduardo Barrau Bascompte del despacho Leyda-Barrau, que ha ganado este caso. «Esta es una sentencia de justicia material. Es importante resaltar que la sección undécima de la APV ha cambiado radicalmente de criterio en este fallo y ha aplicado el contenido de la sentencia que emitió el TS el pasado 21 de diciembre. A partir de ahora, ningún juez podrá fallar en un sentido diferente».

Según explica Barrau, esta nueva vía está abierta a cualquier ciudadano que no recibió un aval por el deposito realizado y que pueda demostrar que realizó un pago a la entidad. Además, no sólo se dirige a aquellos a los que no se entregó la casa, al no haberse finalizado la promoción, sino también a los que recibieron las llaves de su nuevo hogar fuera de plazo. Por otro lado, el letrado añade que todos aquellos que hayan ido contra la promotora, con el objetivo de resolver el contrato de compraventa, también podrán interponer una denuncia contra la entidad bancaria y así tratar de recuperar la suma de dinero entregada.

Otro asunto a tener en cuenta es que las entidades bancarias no sólo debieran reintegrar el dinero ingresado en concepto de adelantos, sino también los intereses generados desde el momento en el que se realizó la transferencia. «Esto podría suponer un golpe muy duro para los bancos y lo más probable es que empiecen a aprovisionarse ante futuras denuncias y buscar acuerdos extrajudiciales con los compradores», dice Barrau.

Información de Expansión.


J Barber y Asociados

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