Me caso, ¿separación de bienes o gananciales?

Si los novios no optan por ningún régimen en particular, se aplica una legislación por defecto que varía en función de la comunidad autónoma: en casi todas las regiones de España se trata del régimen de bienes gananciales. En Cataluña e Islas Baleares el régimen supletorio es, por otro lado, la separación de bienes, mientras Navarra, Aragón y parte de Vizcaya cuentan con sistemas propios muy parecidos al de gananciales. En la Comunidad Valenciana, desde el pasado junio, los matrimonios se casan por bienes gananciales.

En la Comunidad Valenciana debido a una sentencia, todos los matrimonios que se formalizaron entre el 1 de 2008 y el 31 de mayo de 2016 sin previamente firmar capitulaciones se mantendrán en el régimen económico de separación de bienes ya que la decisión judicial no tiene en ningún caso aplicación retroactiva. Y desde el pasado junio, el régimen aplicable por defecto es el de gananciales y los cónyuges quedan obligados a comparecer ante notario (y pagar los honorarios correspondientes) si quieren acogerse al régimen de separación de bienes.

A falta de pacto, en Cataluña y Baleares se aplica la separación de bienes

Con el régimen de gananciales ya no existe distinción entre los patrimonios de los novios: las ganancias y beneficios que obtiene cada uno a partir de la fecha de la boda acaban en una sociedad común, de la cual son propietarios ambos por partes iguales. Esto implica que es necesario obtener el consenso del otro cónyuge para vender y administrar los bienes en común, que incluyen “sueldos, rendimientos del dinero y productos, entre otras cosas”, enumera Felipe Pou Ampuero, decano del Colegio Notarial de Navarra. Lo que no entra en este patrimonio común son los bienes privativos, es decir los que tenía cada cónyuge antes del matrimonio y los recibidos a título gratuito —herencia o donación—, incluso después de la boda.

En la separación de bienes, por otra parte y tal como índica el nombre, cada cónyuge mantiene su patrimonio de manera independiente. Esta división se aplica también a lo adquirido conjuntamente, que será de cada uno de manera proporcional a la aportación hecha. Los regímenes forales de Aragón y Navarra son muy parecidos al de gananciales; el de Vizcaya, que a falta de pacto es la comunicación foral —aunque se aplique solo en algunas zonas de la provincia, que suelen coincidir con las rurales, explica Pou Ampuero—, tiene una peculiaridad: todos los bienes se hacen comunes, inclusive donaciones y herencias, si el matrimonio se disuelve con hijos.


Si soy autónomo y quiero irme de vacaciones, ¿me compensa darme de baja?

¿Los autónomos se van de vacaciones? Muchos trabajadores por cuenta propia romperían en una carcajada antes de contestar con un rotundo “no”. La razón es sencilla. Un trabajador por cuenta ajena tiene por derecho 30 días naturales pero el autónomo no.

Ser jefes de sí mismos significa poder cerrar la actividad en cualquier momento, pero a la vez implica dejar de tener ingresos y seguir pagando gastos. Por ello, hay trabajadores por cuenta propia que eligen darse de baja en las temporadas de actividad más floja, que a menudo coinciden con las épocas de vacaciones. Es algo que está permitido por la ley y que supone ahorrarse la cuota de la Seguridad Social, de unos 267 euros al mes para quien está acogido a la base mínima (casi el 90% del colectivo). Pero, ¿compensa dejar de cotizar por unos centenares de euros?

Cuidado con bonificaciones y prestaciones

Desde la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) desaconsejan darse de baja durante las vacaciones, y recuerdan que de la cuota que se paga a la Seguridad Social “dependen la pensión, las bajas o la maternidad”.

En el caso de enfermedad común, por ejemplo, es necesario haber realizado aportaciones a la Seguridad Social durante, al menos, 180 días en los cinco años anteriores a la solicitud para poder cobrar el subsidio por incapacidad temporal. Asimismo, para recibir la prestación por cese de actividad —el paro de los autónomos, cuya cotización es voluntaria— se exige haber aportado de manera continuada durante los 12 meses inmediatamente anteriores a la solicitud, incluido el mes en el que se produce el cese. Por otro lado, si el profesional está gozando de alguna bonificación en la cuota, como la tarifa plana de 50 euros durante los primeros seis meses o la reducción concedida a los autónomos colaboradores, la perdería. “Al volver a darte de alta ya no tendrás esas ventajas”, recuerdan desde ATA.


La herencia sin testamento, ¿cómo se reparte?

Uno de nuestros clientes se acercaba esta semana a J. Barber y Asociados a preguntar a nuestros profesionales sobre la herencia sin testamento. Sus padres habían fallecido y no habían presentado su testamento ante notario. ¿Cómo se puede gestionar este caso?

Actualmente, en realidad, ya no es lo más habitual, por lo general la mayoría de las españoles, sobre todo al llegar a una edad madura y consciente de las problemáticas que se pueden causar, se preocupan de dejar lo más atado posible el tema del reparto de los bienes entre sus herederos. Es un proceso rápido y se consigue o bien depositando un testamento ante notario o bien con una planificación más compleja de la herencia.

También en ocasiones es posible que el fallecimiento de una persona coincida con que esta no ha realizado gestión alguna para dejar atada la herencia. En estos casos se hace uso de aquello que marca nuestro sistema legal para el reparto de herencias sin testamento o con testamentos no válidos, que es otra posibilidad similar.

Sucesiones en el Código Civil

En nuestro Código Civil se afirma que la sucesión legítima tiene lugar:

1. Cuando uno muere sin testamento, o con testamento nulo, o que haya perdido después su validez.
2. Cuando el testamento no contiene institución de heredero en todo o en parte de los bienes, o no dispone de todos los que corresponden al testador. En este caso, la sucesión legítima tendrá lugar solamente respecto de los bienes de que no hubiese dispuesto.
3. Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, o éste muere antes que el testador, o repudia la herencia sin tener sustituto y sin que haya lugar al derecho de acrecer.
4. Cuando el heredero instituido es incapaz de suceder.

Sucesión intestada

Uno de nuestros clientes cuando falleció no había dejado testamento, por tal motivo, el reparto de la herencia se tuvo que realizar con arreglo a lo que marca el Código Civil, que para estos casos nos ofrece la herramienta de la sucesión intestada, recalcamos, esta fórmula solo es aceptable si no existe testamento válido, pues el principio dicta que el reparto debe hacerse con arreglo a las instrucciones del testador, y solo en caso de su ausencia nos acogemos a lo marcado en la Ley para el reparto de bienes. ¿Cómo se hace el reparto de los bienes sin testamento? El Artículo 912 de nuestro Código Civil afirma:
“para el reparto de una herencia sin testamento nos acogemos a lo dispuesto por la Ley en la Sucesión Intestada…”

Herederos y orden en la sucesión intestada
Cuando nos toca repartir una herencia sin testamento, la ley señala que los herederos del causante son su familia, su viudo o su viuda, y finalmente el Estado, observamos que están los herederos forzosos que en caso de testamento válido tienen derecho a la legitima, y aparece el Estado por si se puede rascar algo. El orden para heredar es el marcado por el Código Civil.

Hijos y descendientes
Los primeros en heredar son los hijos y sus descendientes que heredan a sus padres y ascendientes, la forma de hacerlo es la que sigue:
• Los hijos por derecho propio, correspondiendo a cada uno la herencia a partes iguales.
• Los nietos y demás descendientes lo hacen por derecho de representación, y al tiempo si se da la circunstancia que alguno de ellos falleciera dejando herederos, su parte de la herencia se repartiría entre sus herederos a partes iguales.

Los ascendientes
Si el causante no tiene hijos ni otros descendientes, es momento de dar el salto a los ascendientes que lo harán de la siguiente forma:
• Padre y madre heredan a partes iguales,
• En caso de ausencia de uno de ellos, el otro recibe toda la herencia.
• Si se da el caso de que no están ni padre ni madre, se pasa a los ascendientes más cercanos, a partes iguales si son varios y de la misma línea. En caso de que hubiese ascendentes de las dos líneas, por parte de padre y por parte de madre, la herencia se divide en dos, correspondiendo la mitad de la herencia a cada línea, y a su vez se repartirá a partes iguales entre los ascendentes de cada línea, por ejemplo, si de la línea del padre hay dos ascendientes, y de la línea de la madre hay tres ascendientes, la mitad de la herencia correspondiente a la línea paterna se dividirá en dos partes iguales; la otra mitad correspondiente a la línea materna se dividirá en tres partes iguales.

El cónyuge
En ausencia de descendientes, ni de ascendientes, pasará a heredar el cónyuge, con la salvedad de que en el momento del fallecimiento estuviesen separados bien judicialmente o de hecho.
Los hermanos y parientes
Cuando no existen ninguno de los anteriormente nombrados, los siguientes familiares con derecho a heredar son los hermanos, y en ausencia de éstos, los parientes del fallecido hasta el cuarto grado, como por ejemplo los tíos del causante.
El Estado
Y finalmente en el caso de que no existan familiares del causante con derecho a heredar, los bienes del fallecido pasan al Estado que está obligado a repartirlos de la siguiente manera:
• Un primer tercio tiene que ser para instituciones municipales, correspondientes al domicilio del fallecido, esa instituciones pueden ser de índole de beneficencia, instrucción o enseñanza, acción social o profesionales, tanto de carácter público como privado,
• un segundo tercio para instituciones de rango provincial, han de ser del mismo tipo que las anteriores pero que operen en la provincia donde residía el fallecido, hay una preferencia y es que si el causante por su profesión o por convicción, dedicó o consagro parte de su vida a una misma actividad, las instituciones tanto municipales como provinciales elegidas deberían ir en consonancia con su opción vital. Por ejemplo alguien dedicado en cuerpo y alma a la educación es lógico que las instituciones elegidas sean de índole educativa.


Valores Santander: Próxima finalización del plazo para reclamar

El Banco Santander, en 2007, emitió 7.000 millones de euros para lanzar una OPA sobre el banco holandés AB-Amro y el Royal Bank of Scotland, dirigiendo su comercialización a perfiles minoristas: unos 130.000 clientes en España que confiaron en las bondades publicitadas acerca del producto (un tipo de interés “gancho”) y en la propia entidad.

Eran valores de renta fija, convertibles en acciones el 4 de octubre de 2012. Dichos valores se comercializaron como producto amarillo (es decir, con un riesgo medio), pero después de unos meses se demostró que era un producto complejo y de alto riesgo. Como consecuencia y prueba de ello, en 2012 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) impuso 2 multas a Banco Sabadell, entidad presidida entonces por Emilio Botín. Las sanciones tenían un valor de 16,9 millones por cometer dos infracciones, una grave y otra muy grave que, sumadas, suponen la mayor sanción de nuestra historia en mercados financieros. Concretamente dicha Comisión sancionó con 10 millones de euros al Santander por no disponer de la información necesaria sobre la idoneidad de sus clientes cuando suscribieron la emisión de los valores. Es decir, la CNMV desconocía si los clientes tenían el perfil adecuado para unos productos de dichas características y si eran correctos. La CNMV consideró que este hecho era una infracción grave. Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores le impuso una segunda multa al Banco Santander de 6,9 millones al considerar que cometió una infracción muy grave al no gestionar adecuadamente los conflictos de intereses entre su beneficio y el perjuicio a los clientes ya qye la normativa establece que siempre se debe gestionar anteponiendo el interés de los clientes al de la propia entidad financiera. Además también le sancionó por incumplir la norma que obliga a las entidades que prestan servicios de inversión a “mantener adecuadamente informados a sus clientes en todo momento”.

Poco a poco se han ido produciendo reclamaciones y sentencias estimatorias y los jueces han ido sentando sus criterios sobre estos valores y su comercialización:

Los valores del Banco Santander son productos complejos, de carácter rojo. Y no son amarillos, como consideraba la entidad financiera.
Se trata de productos de alto riesgo, llegando a asumir la pérdida del 100% del capital invertido, en la actualidad más de un 70% de pérdida.
Estamos en presencia de una mala praxis en la comercialización, con omisión de datos y con órdenes de suscripción anteriores a la inscripción del folleto en la propia CNMV.
Se trata de un supuesto claro de conflicto de interés, donde la entidad comercializaba productos propios incurriendo en incumplimientos legales de diligencia.
Existió asesoramiento financiero en la comercialización, obligando a la entidad a ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Mercado de valores, en cuanto obligaciones de información.

Recomendamos que los afectados se sumen a las demandas presentadas y obtengan, en vía judicial, el dinero perdido. El plazo de prescripción de la acción de reclamación finaliza el día 4 de octubre de 2016. Ponte en contacto con nuestros profesionales y te ayudarán a solucionar tus problemas. Pincha aquí.


¿Cuándo conoceremos la resolución de un pleito?

La duración de los procedimientos judiciales son el reflejo de la calidad y la eficacia de la Justicia. Por tal motivo, numerosas empresas e inversores tienen en cuenta este tipo de datos a la hora de invertir su dinero en un determinado territorio.

Una de las métricas habituales a la hora de valorar la eficacia y la calidad del sistema judicial de un país es la duración de los procedimientos. Conocer la tardía de la resolución de un asunto y saber cuáles son las jurisdicciones en las que las demoras son mayores o menores, puede ser una clave muy importante tanto para los abogados que deciden iniciar un litigio como para ciudadanos, empresas o, incluso, inversores, que contemplan esta variable como un factor clave a tener en cuenta a la hora de abrirse camino en nuestro país.

Duración procesos

Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran que en 2015 han mejorado las duraciones medias de resolución de forma generalizada. Según dichas estadísticas en el pasado año, un asunto tardó en resolverse 3,4 meses de media en primera instancia y en segunda instancia tuvo una duración de 4,2 meses, reduciéndose los tiempos en un 7,5% y un 8,7%, respectivamente. En cuanto al Tribunal Supremo (TS), sin embargo, las duraciones medias aumentaron en un 4,8% el año pasado, existe una demora media de resolución de 11,6 meses para resolver un litigio.

Cuanto a la clasificación por órganos judiciales cabe destacar que los de contencioso administrativo son los que presentan tiempos de resolución más prolongados, con una media de un año en lograr una respuesta judicial. Sin embargo, en 2015, esta jurisdicción ha reflejado importantes descensos en la duración de los asuntos, tanto en primera y segunda instancia como en el Supremo, respecto a 2014.

En los órganos laborales, cabe destacar que, aunque se han reducido significativamente los tiempos de respuesta, en el caso del Tribunal Supremo han aumentado en un 14,2%. El mismo comportamiento se observa también en civil, donde bajan de forma generalizada, pero crecen en un 15,9% en el Alto Tribunal. En esta jurisdicción, lo que más llama la atención es la evolución de los juzgados mercantiles, que desde el año 2011 han visto cómo la duración de los asuntos crecía desde los 28,2 meses de media de ese año hasta los 41,6 meses que se registraron en 2015. En penal es donde los tiempos de respuesta son más breves, con duraciones medias en torno a los dos meses; cinco, en el caso del TS.
Por tipo de asunto, las estadísticas muestran, por ejemplo, que en los juzgados de lo social un conflicto colectivo tarda 12,7 meses en resolverse y un despido, 7,2 meses. Por su parte, los juzgados de lo contencioso dan respuesta a un conflicto con la Administración Tributaria en un plazo de 12,7 meses, período que aumenta en los tribunales superiores de Justicia hasta los 23,9 meses.


La Audiencia Nacional declara «causa compleja» el caso Bankia y amplía la instrucción

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha declarado «causa compleja» el caso Bankia, que investiga supuestas irregularidades en los estados contables usados por la entidad en su salida a bolsa, al considerar que la instrucción «no puede cerrarse antes del próximo 6 de junio». La Fiscalía Anticorrupción avala que se investigue al socio de Deloitte por dolo en Bankia.

De esta forma, el magistrado estima la petición del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón que en un escrito remitido a la Audiencia pedía llevar la fase de investigación hasta los 18 meses a pesar de encontrarse «muy próxima a su conclusión».

Precisamente la declaración de complejidad habría permitido a Andreu reactivar la causa en su nueva etapa y abrir diligencias contra la firma auditora Deloitte y su socio Francisco Celma, que deberán comparecer en calidad de investigadas -antes imputadas- el próximo 20 de junio por su posible responsabilidad en los hechos investigados.

En concreto, tanto el fiscal como las acusaciones ejercidas por el movimiento popular ’15MpaRato’ y la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) perciben indicios de una posible conducta delictiva de Celma y, por tanto, de la compañía que prestaba servicios a Bankia de forma «paralela y casi simultánea» al trabajo de auditoría.

Ahora, la aplicación de esta figura jurídica amplía el plazo de instrucción, limitado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCRIM) hasta los 18 meses, con posibilidad de ampliarse hasta 36 en los procesos que involucren a un gran número de investigados, exijan pruebas periciales o conlleven revisar la gestión de empresas.

El auto, al que ha tenido hoy acceso Efe, no es firme ya que el juez abre el plazo para que la treintena de encausados, entre los que figuran el propio expresidente de Bankia Rodrigo Rato y su exvicepresidente José Luis Olivas, interpongan un recurso de reforma o apelación contra dicha declaración.


El Constitucional anula el régimen de separación de bienes por defecto

El Tribunal Constitucional ha propinado un duro golpe al Derecho Civil Valenciano con un nuevo fallo desfavorable a la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano. En el se exponía, entre otras cuestiones, que las parejas valencianas se casaban por defecto en separación de bienes.

Se trata de una ley aprobada en 2007 y que entró en vigor en julio de 2008, y suponía que todas las parejas que se casaban, a partir de ese momento, lo harían por defecto en separación de bienes, salvo que indicaran lo contrario.

Según la Associació de Juristes Valencians, el número de parejas que acudían a firmar capitulaciones para pedir el régimen de gananciales es insignificante, mientras que muchas parejas, antes de cambiar la ley, firmaban la separación de bienes.

¿Qué supondrá esta derogación?

La derogación de esta primera ley supondrá que las parejas que contraigan matrimonio en la Comunidad Valenciana lo hagan a partir de ahora en régimen de gananciales, como ocurría antes de la aprobación de la actual ley.

¿Qué ocurre con los que ya están casados?

Todas aquellas parejas que se casaron desde julio de 2008 hasta ahora deberán estar atentos a la decisión del Tribunal Constitucional, aunque sería lógico que los matrimonios puedan escoger entre quedarse en régimen de separación de bienes o gananciales.

Desde J. Barber y Asociados entendemos que, sin entrar a valorar el fallo del Tribunal Supremo, dado que no se conoce la Sentencia en su integridad, es un paso atrás. Compartimos la opinión de la Associació de Juristes Valencians. El sentir y querer mayoritario de los valencianos es la voluntad de casarse bajo el régimen económico matrimonial de separación de bienes, y no en el de gananciales.

En cuanto a las implicaciones fiscales y jurídicas son muchas, por lo que no conviene extender este breve comentario. Si tiene alguna duda al respecto, no dude en contactarnos y le aclararemos todas sus incógnitas.


Renta 2015: ¿Dónde se pueden desgravar los gastos en educación?

Algunas comunidades autónomas contemplan deducciones fiscales en la Renta 2015 para gastos como matrículas y cuotas escolares, material, libros de texto o guarderías.
Los gastos en enseñanza pueden suponer un buen pico para las familias medias, sobre todo a principios de curso, cuando se acumula el mayor desembolso en matrículas, libros de texto o uniformes.

Aunque en España no existen deducciones fiscales por gastos en educación con carácter general para aliviar esta pesada carga para las rentas bajas y medias, hay algunas autonomías que sí contemplan desgravaciones en la Renta 2015:

COMUNIDAD VALENCIANA: Material escolar si estás en paro y guarderías
Los contribuyentes valencianos tienen la posibilidad de deducir por las cantidades destinadas a la adquisición de material escolar hasta un máximo 100 euros por cada hijo en educación primaria, educación secundaria obligatoria o en unidades de educación especial en un centro público o privado concertado.
Sólo podrán acceder a ella los contribuyentes que se encuentren en desempleo y cuya base imponible no supere los 25.000 euros en la declaración individual y 40.000 euros en declaración conjunta.
Los residentes en esta comunidad también pueden deducirse del 15% de las cantidades satisfechas en 2015 en guarderías y centros de educación infantil de 0 a 3 años, con un máximo de 270 euros por cada hijo siempre que la suma liquidable general y de la base liquidable del ahorro no superen los 25.000 euros en declaración individual y los 40.000 en declaración conjunta.
Asimismo, se requiere que los padres trabajen por cuenta propia o ajena percibiendo rendimientos del trabajo o de actividades económicas.
El límite de esta deducción se prorrateará por el número de días del periodo impositivo en que el hijo o acogido sea menor de 3 años, y, además, cuando dos contribuyentes declarantes tengan derecho a la aplicación de esta deducción por un Cuando los padres o acogedores vivan juntos esta circunstancia podrá cumplirse por el otro progenitor o adoptante.


La cláusula suelo de 40 entidades bancarias no es transparente

Una nueva sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº11 de Madrid, tras analizar dicha cláusula de 40 entidades, concluye que no son transparentes y por tanto nulas.

Tras un análisis extenso de 40 entidades, el Juzgado de lo Mercantil nº11 de Madrid ha fallado contra los bancos por la falta de transparencia de estas cláusulas. Esta nueva sentencia se une al resultado de muchos gabinetes jurídicos como J. Barber Asociados. Nuestros profesionales han demostrado la oscuridad y la nulidad de una cláusula abusiva, que además afecta a más de 2 millones de residentes en España.

 

Personas perjudicadas

 

Todas aquellas personas afectadas tienen la oportunidad de reclamar la nulidad de la misma con una solicitud de devolución de lo indebidamente abonado por la aplicación de la misma, al menos desde la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013. Las entidades financieras han percibido que cerca de 4.500 millones de euros deberán devolver a los afectados tras la aplicación de la cláusula suelo en las hipotecas entre 2009 (inicio de su comercialización) hasta el 9 de mayo de 2013 (fecha sobre la que se ha sentado doctrina el Tribunal Supremo).

Aunque es de destacar, que pese a la fecha determinada por el Tribunal Supremo, estemos a la espera del pronunciamiento del Tribunal de la Unión Europea. De este fallo, se espera que se aplique la retroactividad total, es decir, se devuelva la totalidad de lo pagado de más por la aplicación de la cláusula suelo, y no sólo desde mayo de 2013.

La banca tendría que devolver exactamente 4.474 millones de euros, y podría aumentar la factura a 9.743 millones en total si se tienen en cuenta los 5.269 millones de euros percibidos desde el 9 de mayo de 2013 a finales del año 2015. Si ha pagado la cláusula suelo, ponte en contacto con nuestros profesionales. En J.Barber y Asociados estamos resolviendo favorablemente casos de cláusula suelo desde hace más de tres años.

Podemos ayudarte a recuperar tu dinero.


Realizar las preguntas adecuadas para gestionar tu empresa correctamente

Shoemaker y Krupp publicaron recientemente en la revista del MIt la importancia de hacer pregunta claves para conocer las nuevas oportunidades y minimizar los riesgos de una empresa. Las 6 cuestiones más importantes que toda mercantil debe realizar para conseguir sus objetivos son las siguientes:

  • ¿Comprendemos perfectamente las tendencias del mercado y las situaciones menos evidentes que nos permiten anticiparlos a las tendencias? Es decir, ir más allá de donde se encuentra mi empresa y/o su competencia.

 

  • ¿Nos perjudican las incertidumbres y los posibles escenarios futuros? No sabemos cómo afrontar decisiones importantes en nuestra empresa, por ello es necesario el asesoramiento jurídico y financiero de los grandes profesionales de J. Barber y Asociados.

 

  • ¿Buscas opiniones diversas? ¿O simplemente te quedas con la de tus allegados? ¡Error! Debes impregnarte de las opiniones de tus compañeros, trabajadores, clientes… Una decisión importante siempre debe ser consensuada con todas las partes de la empresa.

 

  • ¿Recibes información de otras fuentes o grupos de interés? Debes empaparte de las tendencias, de tu público…

 

  • ¿Generas tú mismo alternativas? Prepara herramientas para poder medir el riesgo de cada una de ella: como siempre, equilibrio del binomio riesgo-rentabilidad.

 

  • ¿Utilizas los fracasos también como punto de arranque de nuevos proyectos? ¡Debes hacerlo!

Puedes pensar que estas “recetas” son las de siempre pero no, están adaptadas a nuestros tiempos. No te obligaremos a que las cumplas todas ellas, empieza por el principio y poco a poco haz de ellas tu herramienta de trabajo.


J Barber y Asociados

Asesoría jurídica, laboral y fiscal ubicada en Gandia pero con campo de actuación en toda España.

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