El TJUE dicta que la banca debe devolver todos los gastos hipotecarios cargados abusivamente al cliente

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a contradecir el balance de los bancos españoles y al criterio del Tribunal Supremo español. Puesto que el Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que las entidades deben devolver a sus clientes con retroactividad total el coste de los gastos de constitución de las hipotecas cargados íntegramente al consumidor en cumplimiento a una cláusula abusiva.

La Corte de Luxemburgo asegura y recuerda que tal y como ya dictaminó en diciembre de 2016 en el caso de las cláusulas suelo, la nulidad de una cláusula por su abusividad debe suponer la anulación total de la condición desde su origen.

Además explica que el tribunal solo aceptara que la restitución sea parcial si la legislación nacional marcaba que determinados gastos debía asumirlos el cliente.

Este matiz indica que los consumidores podrían tener que seguir asumiendo el coste del impuesto de actos jurídicos documentados, que el Supremo adjudicó a los clientes tras varias sentencias contradictorias, si bien las entidades deberían compensar a sus clientes por el resto de la factura.

En J. Barber y Asociados, ante tantos cambios jurisprudenciales, en pro del interés exclusivamente del cliente, hemos estado esperando hasta la sentencia del TJUE para poder seguir tramitando todas las devoluciones de los gastos hipotecarios cargados abusivamente a sus clientes. Tras esta sentencia, volvemos a la carga con todos los procedimientos judiciales.


Conseguimos ganar un recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) logrando que a nuestro cliente le sean devueltas las cuotas de IVA a no establecidos

Nuestro abogado, Joaquín Barber consigue que reconozcan el derecho de nuestro cliente a que le devuelvan las cuotas del IVA a no establecidos, en un recurso contra una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC).

Con anterioridad, se le había denegado tal derecho al estimar que la reclamación de estas cuotas no se había realizado en los tiempos establecidos.

La resolución del Tribunal Económico- Administrativo Central se basó en que la reclamación se presentó el 15 de junio y, por lo tanto, estaba fuera de plazo. Nuestro cliente explicó que su empresa tiene sede en Francia y que la reclamación ante el TEAC se envió por correo el 7 de junio, dentro del plazo legal para hacerlo.

Nuestro abogado Joaquín Barber defendió la teoría doctrinal de flexibilización de los plazos ante casos especiales. La Audiencia Nacional estimó este planteamiento y una vez que se salvó la formalidad del recurso, entró en materia.

En el recurso se reclamaba el reconocimiento del derecho a obtener la devolución de las cuotas de IVA soportadas por la entidad. Para ello, se aportó documentación en la que constaba que hubo un error en la presentación de los Documentos Únicos Administrativos (DUAS) de Exportación. El error consistía en que aparecía el código de España en vez del de Francia. Este fallo, según se demostró, fue ya subsanado ante la Aduana. Sin embargo, la Oficina Nacional de Gestión Tributaria rechazó la alegación justificando que ni la petición de esa modificación ni el propio cambio estaban en sus bases de datos.

Al presentar la documentación referente a esa modificación en las DUAS, la Audiencia Nacional estimó que desaparecía el único motivo que existía, según la propia Oficina Nacional de Gestión Tributaria, para obtener el derecho a la devolución, que debe entonces ser reconocido sin necesidad de otras consideraciones.


¿Cómo reclamar al SEPE si no se ha cobrado la prestación por desempleo tras un ERTE?

Más de 5 millones de españoles ya han cobrado su prestación pero existen miles de trabajadores que todavía no han recibido su desempleo. 

Por ello, desde J. Barber y Asociados te aconsejamos los siguientes pasos para reclamar la prestación:

En primer lugar, el empleado debe mandar una comunicación a la empresa informando del retraso en el pago de la prestación.

Una vez se haya realizado el aviso, se debe presentar una reclamación administrativa, y en este caso existen dos circunstancias a tener en cuenta: que el pago no se haya realizado o que el SEPE haya rechazado o abonado una cantidad con la que se esté disconforme. 

No se ha realizado el pago de la prestación

Si no se ha realizado el pago, se puede presentar una reclamación patrimonial al SEPE vñia telemática o por correo electrónico desde el día siguiente al que el trabajador tiene derecho a cobrar la prestación. 

La Administración tiene hasta 6 meses para responder a dicha solicitud. Si en este periodo no ha respondido, se considera silencio administrativo y por ello, se abre paso a la vía de la demanda judicial.  También si hay resolución del SEPE y es negativa: el ciudadano tiene 2 meses desde que se dicta para ejecutarla. 

La prestación ha sido rechazada o la cantidad es inadecuada

Si la prestación ha sido rechazada o recibida una cantidad inadecuda, el trabajador tiene 45 días hábiles para hacer una reclamación al propio SEPE. En caso de no recibir respuesta o que esta sea desfavorable, tiene otros 30 días hábiles para presentar una demanda en los Juzgados de lo Social. (Se puede acudir sin abogado ni procurador en primera instancia)

Ante cualquier duda o consulta, contacta con nuestro despacho, estaremos encantados de ayudarte. 


Novedades RD-L 8/2020, DE 17 DE MARZO DE 2020. VERSIÓN 1.

RD-L 8/2020, DE 17 DE MARZO DE 2020. VERSIÓN 1.

A. Expedientes de regulación de empleo:
Se establecen medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad por causa en el COVID-19, pero no se les otorga carácter automático.

Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor.

La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.

La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada.

El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud es potestativa para la autoridad laboral.

Las empresas que tengan menos de 50 trabajadores y se acojan a esta medida estarán exentas del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Las que no reúnan esta condición estarán exoneradas del 75% abono de la aportación empresarial.

La exoneración de cuotas referida en este artículo requerirá la presentación de una solicitud por parte de la empresa, que deberá incluir la identificación de las personas trabajadoras afectadas, así como los periodos concretos de la suspensión o reducción de la jornada de trabajo disfrutado.

Los trabajadores afectados derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello y no computa el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.

No se les aplicarán las anteriores especialidades a los expedientes de regulación de empleo para la suspensión de los contratos de trabajo o para la reducción de jornada por causa en el COVID-19, iniciados o comunicados antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley.

B. Autónomos:
Los trabajadores por cuenta propia tendrá derecho a una prestación extraordinaria siempre que : i) sus actividades queden suspendidas, en virtud del Real Decreto, 463/2020 o ii) su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

La prestación extraordinaria alcanzará al 70% a la base reguladora, y se extenderá temporalmente por un plazo de un mes, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, si este se alarga temporalmente.

La prestación requiere estar al corriente de las cuotas de la Seguridad Social, o regularizar el pago de las mismas en un plazo de 30 días.

C. Plazos tributarios y beneficios fiscales:
Se concede una exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para las escrituras de novación de créditos hipotecarios que se produzca al amparo del Real Decreto-Ley

En los procedimientos tributarios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto, tales como los plazos de pago de deudas tributarias (tanto en periodo voluntario como ejecutivo), los vencimientos de aplazamientos, plazos de atención de requerimientos, de formulación de alegaciones, procedimientos sancionadores, devolución de ingresos indebidos, etc., se ampliación hasta el hasta el 30 de abril de 2020.

En los procedimientos tributarios similares no iniciados a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma posterior sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos se extiende hasta el hasta el 30 de abril de 2020.

En principio, no se ven modificados los plazos para la presentación de declaraciones y/o autoliquidaciones tributarias, ni se aprueban medidas adicionales para posponer y/o facilitar el pago de las deudas derivadas de las autoliquidaciones del 1º trimestre de 2020 (IVA, retenciones, pago fraccionados), aparte del aplazamiento/fraccionamiento por 6 meses del Real Decreto-Ley 463/2020.

D. Administración de sociedades civiles y mercantiles:
Se establece la posibilidad mientas dure el periodo de alarma de que las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato se celebren por video conferencia, así como que los acuerdos puedan adoptarse por votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano.

El plazo de formulación de las cuentas anuales de tres meses desde la finalización del ejercicio social queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde la finalización del mismo.

La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales, esto es, tres meses después de la finalización del estado de alarma.

Los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y las prórrogas del mismo que, en su caso, se acuerden.

En el caso de que concurra causa de disolución de la sociedad durante el estado de alarma, el plazo de la convocatoria de la Junta General que decida sobre la disolución se suspenderá hasta que finalice el estado de alarma.


Novedades sobre el COVID-19

Ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 queremos estar a vuestro lado
y haceros llegar, a la mayor brevedad posible y a medida que se vaya produciendo, la información que consideramos más relevante.

En primer lugar, el pasado día 14 se publicó el Real Decreto 463/2020 que declara el estado de alarma el cual recoge una serie de medidas extraordinarias para mitigar el impacto sanitario, social y económico de la crisis que nos ocupa. La entrada en vigor de estas medidas se produce desde el momento de la publicación de la norma en el BOE, esto es, el sábado 14 de marzo. En cuanto al ámbito territorial en el que se han de aplicar estas medidas recordamos que abarca a todo el territorio nacional. La duración de las mismas es, en principio, de 15 días naturales, esto es, estará en vigor hasta el día 29 de marzo. No obstante, podrá prorrogarse con acuerdo expreso del Congreso de los Diputados.

A continuación repasamos algunos aspectos que debemos conocer:
Aspectos fiscales:
La Agencia Tributaria nos ha comunicado que “nuestras Oficinas estarán temporalmente cerradas para atención presencial debido al estado de alarma declarado mediante RD 463/2020, cuya Disposición Adicional Tercer establece la suspensión de plazos” y que, en este sentido, “los plazos en los procedimientos tributarios van a ser ampliados mediante la tramitación de una norma legal tributaria inminente”. En tanto se aprueba el cambio normativo la Agencia es consciente de la situación y no considerará incumplido el plazo si tenéis algún trámite pendiente y, en caso de tener una cita pendiente se podrá obtener más adelante una nueva.
Respecto a los plazos de autoliquidaciones y declaraciones informativas como el modelo 720, estamos a la espera de que una norma o la AEAT aclare si quedan afectados por la suspensión de los plazos.
Asimismo, os informamos de que la AEAT ha publicado en su web una información sobre las Instrucciones provisionales para solicitar aplazamientos conforme a la flexibilización establecida en el Real Decreto-ley 7/2020.

Aspectos relativos al orden jurisdiccional social:
Las empresas podrán adoptar medidas organizativas o preventivas de manera temporal, que puedan evitar el contacto social sin la necesidad de paralizar su actividad. El teletrabajo se establece como una medida organizativa temporal que implica la prestación de servicios fuera del centro de trabajo habitual y que podría adoptarse por acuerdo colectivo o individual, con carácter excepcional, para el desarrollo de tareas imprescindibles que no puedan desarrollarse en el centro físico habitual, una vez ya se hayan establecido las precauciones necesarias de tipo sanitario y preventivo.

Por otro lado, se ha ampliado la protección para el personal del régimen del mutualismo administrativo en el sentido de que los periodos de aislamiento y contagio como consecuencia del Covid 19 tengan la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal, como ya hiciera el RD 6/2020, de 10 de marzo, a las personas trabajadoras por cuenta ajena o propia. Dicha asimilación supondrá que los trabajadores cobren una prestación consistente en el 75 % de la base reguladora desde el día en que se produzca el nacimiento del derecho a la prestación de incapacidad temporal. Dicha situación vendrá declarada en todos los casos por la Autoridad laboral competente.

En el supuesto de que el trabajador muestre su voluntariedad al respecto, cabe conceder vacaciones a los empleados como medida preventiva para frenar el contagio del COVID19. La norma establece que el periodo vacacional se deberá pactar entre el empresario y el trabajador, de mutuo acuerdo y con un periodo de antelación de 2 meses al disfrute de las mismas, pero si el trabajador muestra su voluntariedad sobre esta medida no existiría impedimento.

Por último, si la empresa se ve en la necesidad de suspender la actividad de manera total o parcial, podrá hacerlo conforme a los mecanismos previstos en la normativa laboral vigente y por las causas contempladas en la misma. En este sentido, los Expedientes de Regulación de Empleo se han convertido en un concepto de creciente interés. Si bien se prevé que en los próximos días se publique en el BOE alguna normativa que pueda variar en algo el procedimiento para agilizarlo, hemos creído conveniente informaros sobre las peculiaridades de este procedimiento, ya que no es una tramitación ágil, distinguiendo ERES (Art. 51 Estatuto de los Trabajadores) y ERTES (Artículo 47 Estatuto Trabajadores).

Asimismo, es de interés el Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada fija, que establece tanto el procedimiento a seguir como la documentación que deben presentar las empresas en ambos casos.

Un Expediente de Regulación Temporal de Empleo es un mecanismo legal por el que las empresas pueden suspender contratos de trabajo o reducir jornadas de manera temporal, cuando atraviesen por dificultades técnicas, organizativas que pongan en riesgo la continuidad de la compañía.

Las diferencias con los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) son las siguientes:

Un ERTE es temporal, el trabajador vuelve tras un periodo de tiempo a la empresa, mientras que en un ERE el despido es definitivo.
En un ERTE no se tiene en cuenta el nº de trabajadores de la empresa, mientras que en un ERE sí.
En el ERTE el empleado no cobra ninguna indemnización (si tienen derecho cobrarían el paro en ese periodo), y en el ERE los empleados cobran como mínimo 20 días de salario por año de servicio.
Por causas de fuerza mayor, la empresa puede solicitar a las consejerías de trabajo que decidan aplicar un ERTE en un plazo máximo de 5 días. Y la duración no está establecida en ninguna norma, se determina entre la empresa y los representantes de los trabajadores o, en su defecto, lo puede determinar la autoridad laboral.
Se inicia mediante solicitud a la autoridad laboral (en este caso que justifiquen la causa de FUERZA MAYOR) y debe comunicarse fehacientemente y de manera simultánea a la solicitud, a los trabajadores o a sus representantes si los hay.

Ámbito financiero: se establecen las siguientes medidas:

  • Línea de financiación específica a través del Instituto de Crédito Oficial por importe de 400 millones de euros para atender las necesidades de liquidez de las empresas y trabajadores autónomos del sector turístico, así como de las actividades relacionadas que se estén viendo afectadas por la actual situación.
  • Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso, en los préstamos concedidos por la Secretaría General de Industria y Pyme. Los beneficiarios de concesiones de los instrumentos de apoyo financiero a proyectos industriales podrán solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses de la anualidad en curso, siempre que su plazo de vencimiento sea inferior a seis meses a contar desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, cuando la crisis sanitaria haya originado en dichos beneficiarios periodos de inactividad, reducción en el volumen de las ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor que les dificulte o impida atender al pago de la misma.

La Comisión Nacional de Mercado de Valores:
Prohíbe temporalmente las ventas en corto sobre acciones de 69 sociedades cotizadas.
Realiza determinadas consideraciones sobre las juntas generales de sociedades cotizadas.
La Autoridad Europea de Valores y Mercados, ESMA, ha realizado, asimismo, algunas recomendaciones a los participantes del mercado.

Suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales
Ampliando la información de los puntos 11, 12 y 13 del resumen del RD463 (ver más arriba), señalamos que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado la suspensión en todo el territorio nacional de las actuaciones judiciales programadas y de los plazos procesales, manteniéndose los servicios esenciales de la Administración de Justicia, garantizando determinadas actuaciones, que han sido acordadas por el CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado.
En este mismo sentido, se ha pronunciado la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, indicando que la disposición adicional cuarta del RD463/20202, de 14 de marzo, relativa a la suspensión, prescripción y caducidad de los plazos, se entiende plenamente aplicable a los Registros de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles.

Servicio de atención al ciudadano por parte del Ministerio de Justicia
Se limita el acceso de profesionales y ciudadanos a las sedes judiciales salvo para aquellos trámites imprescindibles e inaplazables. Cualquier otra gestión deberá realizarse vía LexNET o por vía electrónica o telefónica.

Después de la la celebración del Consejo de Ministros en el que se adoptarán nuevas medidas, que analizaremos y de las que os tendremos puntualmente informados, entre otras: apoyo a trabajadores, autónomos, empresarios, familias y colectivos vulnerables; flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos; apoyo a la actividad económica de las empresas para garantizar liquidez y apoyo a la investigación de la vacuna del coronavirus.

Desde J BARBER Y ASOCIADOS, ahora más que nunca, queremos ser útiles y un apoyo para afrontar esta situación tan excepcional para todos, por lo que, desde hoy mismo, estamos a su disposición en los correos y teléfonos habituales.

Deseamos que esta situación pase lo más rápido posible y con las menores consecuencias tanto de salud, familiares y económicas.

Un cordial saludo


COMEVA celebra la toma de posesión de los nuevos miembros de la Junta de Gobierno

El Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y Empresariales de Valencia (COMEVA) ha celebrado el acto de la toma de posesión de los nuevos miembros de la Junta de Gobierno del colegio. Y nuestro economista y auditor, Joaquín Barber Peiró ha tomado posesión hoy de su cargo como vocal 6º. El acto, que ha sido público, se ha celebrado según establece el artículo 75 de los estatutos de COMEVA .

Así, el Vocal 1º Don Francisco Valero Mir ha actuado como secretario en funciones y, junto a nuestro Decano Don Juan José Estruch Escrivá, ha dado posesión a los siguientes miembros:

VICEDECANO D. Enrique Giner Blasco

VICESECRETARIA Dª Teresa Rocher Mengual CONTADOR-INTERVENTOR D. José Chust García

VOCAL 6º. D. Joaquín Barber Peiro

VOCAL 7º. Dª Carme Martínez García

VOCAL 8º. Dª Cristina Lloret Mongay

VOCAL 9º. D. Eduardo Andreu Alabarta

VOCAL 10º. D. Rogelio Villalba García

Por consiguiente, y tras la toma de posesión de los nuevos miembros en el acto público celebrado esta mañana, la Junta de Gobierno de COMEVA ha quedado constituida de la siguiente manera:

Decano: D. Juan José Estruch Escrivá

Vicedecano: D. Enrique Giner Blasco

Secretario: D. Vicente Cano Tello

Vicesecretaria: Dª Teresa Rocher Mengual

Tesorero: D. Rafael Segarra Bargues

Interventor-Contador: D. José Chust García

Vocal 1º: D. Francisco Valero Mir Vocal

2º: D. Francisco J. Barbeta Rubio

Vocal 3º: D. José Vte. Planelles Gómez

Vocal 4º: D. Hector Pardo Peiro

Vocal 5º: Dª Neus Llacer Sanz

Vocal 6º: D. Joaquin Barber Peiro Vocal

7º: Dª Carme Martínez García Vocal

8º: Dª Cristina Lloret Mongay

Vocal 9º: D. Eduardo Andreu Alabarta

Vocal 10º: D. Rogelio Villalba García

Joaquín Barber Peiró continuará ejerciendo sus funciones como vocal y aportando sus conocimientos para seguir mejorando la funcionalidad del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y Empresariales de Valencia.


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón a los consumidores con hipotecas ligadas al índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón a los consumidores con hipotecas ligadas al índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) al dejar en manos de los jueces españoles determinar en cada caso la posible abusividad de una hipoteca ligada al índice.

Por ello, desde J.Barber y Asociados empezaremos a interponer las demandas de nuestros clientes, que habían sido paralizadas por prudencia y a la espera de conocer esta nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

A partir de este momento, los jueces españoles serán los encargados de verificar si los bancos que usaron el índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios informaron con transparencia a sus clientes. Si se demuestra que la comercialización no fue suficientemente «clara y comprensible», los bancos deberán anularlo por abusivo y pueden sustituirlo por otro índice más favorable como el euríbor, y verse obligados a devolver el dinero cobrado de más.

El fallo, que corrige la doctrina del Tribunal Supremo, abre por tanto la puerta a una avalancha de reclamaciones contra la banca de los clientes que se consideren perjudicados por la aplicación del IRPH.


¿Cómo reclamar los gastos de la hipoteca? Aquí los papeles que necesitas

Muchos de nuestros clientes nos preguntan cómo reclamar los gastos de la hipoteca y a todos ellos les hemos asesorado correctamente para que consigan la devolución de estos costes. Pero también queremos sacar de dudas a todos los afectados y resolver sus preguntas.

¿Qué gastos son los que hay que reclamar?

– El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).
– Tasación de la vivienda.
– La gestoría, siempre y cuando la impusiera el banco.
– El notario. Antes de llegar al registro, la escritura de la hipoteca, como de la vivienda, se firma ante notario.
– El Registro de la Propiedad, donde se registra la hipoteca.

Estos gastos varían según la Comunidad Autónoma, la entidad bancaria y el año de constitución de la hipoteca. Según Joaquin Barber, abogado de J.Barber y Asociados, en la mayoría de los casos se realiza una devolución de unos 3.000 euros en un préstamo hipotecario de 150.000 euros o unos 2.000€ en uno de 90.000 euros». Además, a todas estas cantidades habría que sumar los intereses que hayan devengado.
¿Qué papeles debes presentar?
Para poder reclamar los gastos de formalización de hipoteca, los interesados en recuperar su dinero necesitan la siguiente documentación:
– Copia de la escritura del préstamo hipotecario que debió facilitarles el banco cuando tramitó la inscripción de la escritura. En caso de no disponer de ella, podrán dirigirse a la notaria donde firmaron el préstamo hipotecario y solicitar una copia.

– Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (Modelo 600 o 601). «Al igual que ocurre con las facturas, podrán dirigirse a la gestoría que tramitó el préstamo. En caso de que la gestoría no tenga copia deberán dirigirse a la oficina liquidadora de la Comunidad Autónoma donde se firmó el préstamo», aconseja Joaquin Barber.

– Facturas de notaría, registro, gestoría… «La gestoría o la entidad bancaria entrega estas facturas una vez han tramitado el préstamo hipotecario. En caso de no disponer de las facturas, podrán dirigirse a la gestoría que tramitó el préstamo y pedir copia de todas las facturas. Si la gestoría no ha guardado copia de todos los documentos, entonces deberán pedirlos de manera individual a la notaria, al registro y a la gestoría», recomienda Joaquin Barber.

 

¿Qué pasos hay que seguir para reclamar?
Joaquin Barber, de Barber Asociados, señala que es recomendable realizar una primera reclamación a la entidad bancaria de carácter extrajudicial. «El primer paso es realizar un escrito en el banco  solicitando la devolución de las cantidades, entregarla en la sucursal bancaria y guardar una copia sellada por el banco». En caso de que no se atienda la reclamación extrajudicial y el cliente quiera recuperar su dinero, deberá acudir a la vía judicial.  Por ello, es necesario contar con el asesoramiento judicial de J. Barber y Asociados, quienes conocen los derechos que amparan al cliente y la cantidad que pueden recuperar.
¿Qué pasa cuando se cancela la hipoteca?
«En nuestra opinión y atendiendo a los argumentos que utilizaba el Tribunal Supremo en la sentencia del 23 de diciembre de 2015, los gastos de cancelación de una hipoteca corresponden al cliente por ser él el interesado en la cancelación registral de la hipoteca, y, por tanto, no hay base para reclamarlos», apuntan desde J Barber y Asociados.

 

¿Cuánto tiempo hay para reclamar?
«La obligación del prestatario de soportar estos gastos es una estipulación que ocasiona al consumidor un desequilibrio relevante, que no hubiera aceptado razonablemente en el marco de una negociación individualizada, tipificada como abusiva por la propia Ley General de Consumidores y Usuarios en su artículo 89», explica Joaquin Barber.
El Tribunal Supremo determina que «la imputación en exclusiva de los gastos al consumidor es una cláusula abusiva, al no permitir una mínima reciprocidad en la distribución de los gastos producidos, sino que recae totalmente sobre el hipotecante, ocasionándole un desequilibrio relevante, que no hubiera aceptado razonablemente en el marco de un negociación individualizada. Se trata, pues, de una nulidad de pleno derecho de una cláusula abusiva, en los términos del artículo 8 de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, por lo que la misma en principio es imprescriptible, y podrían reclamarse los gastos de una hipoteca formalizada en la fecha indicada.


Si eres autónomo, esto es lo que te interesa de lo que pasó ayer en el congreso

El Congreso aprobó el pasado martes iniciar la tramitación de la ley de autónomos promovida por Ciudadanos, una ley calificada de ligerita y rapidita por el PSOE, pero que ha contado con el apoyo de este grupo parlamentario, con el del PP y con el de Podemos.

Si eres uno de los 3,5 millones de autónomos de España, la ley no te va a cambiar la vida pero sí te la mejorará ciertos aspectos.

 

MEDIDAS DE APLICACIÓN INMEDIATA:

  • La tarifa plana para los autónomos de 50 euros pasará de 6 meses a un año.
  • Cotizar solo lo trabajado: el importe de cotización corresponderá exclusivamente a los días efectivos de trabajo.
  • Deducciones: la propuesta de ley pide concretar qué sí y qué no es deducible.
  • Cambios en la base de cotización de los autónomos: hasta 4 al año.
  • Género y conciliación: la ley eliminará la cuota de las autónomas durante la baja de maternidad o durante el embarazo por riesgo médicamente demostrado. Además, los incentivos a las madres autónomas serán idénticos a los de las trabajadoras del régimen general.

 

REFORMA DEL RETA

Una nueva subcomisión de la Comisión de Empleo, prevista en la propuesta de Ciudadanos, estudiará la reforma del RETA (Régimen Especial del Trabajador Autónomo) con la intención de alcanzar los siguientes objetivos:

  • No cotizar si los ingresos son inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (764 euros al mes). “Pedimos obligaciones fiscales fijas a trabajadores que no tienen ingresos fijos”, ha dicho Rivera.
  • Autónomos no habituales: idear fórmulas para que los esporádicos coticen de forma distinta.
  • Autónomos que disfrutan de pensión por jubilación. La pensión será plenamente compatible con el desarrollo de una actividad por cuenta propia. “No arrastremos las piernas”, ha exigido Rivera, “que sea una evolución, no una revolución”.
  • Iguales prestaciones sociales que el resto de los trabajadores. «A igualdad de contribución debe corresponder igual grado de protección social», ha asegura Albert Rivera al defender su propuesta en el Congreso.

 

OTRAS MEDIDAS

  • Morosidad: asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos por la vía de nuevas sanciones. Las empresas que no cumplan serán penalizadas sin bonificaciones de la Seguridad Social y ventajas fiscales.
  • Duplicar hasta 10 puntos la rebaja del Impuesto de Sociedades.
  • Mejorar la Ley de Segunda Oportunidad, para que aquellos que han fracaso tengan la posibilidad de un nuevo comienzo.
  • Modular las multas por retrasos en el pago de las cuotas, de un 3% inicial al 20% que actualmente se aplica por el retraso llega a los tres meses.
  • Se eliminará el periodo de cinco años que tiene el acreedor para reclamar las deudas exoneradas a aquellos autónomos que actuaron de buena fe y se flexibilizarán los requisitos para que el insolvente cancele sus deudas con la dación en pago de su vivienda. Albert Rivera ha pedido que las sanciones se correspondan con la demora. “No es lo mismo pasarse tres días, que 30 o tres pueblos”, ha alegado.

 


¿Me conviene renunciar a mi herencia?

Heredar puede convertirse en un premio de la lotería o un caramelo envenenado. Y en los últimos años parece ser que la segunda opción es muy probable, ello se debe al alto grado de deudas que poseemos los españoles como consecuencia de la crisis económicamente. El año pasado hubo 37.623 renuncias a herencias, concretamente el triple que en 2007, cuando las estadísticas del Consejo General del Notario recogían tan solo 11.048 actos de renuncia.
Las variaciones más acentuadas se produjeron en las siguientes comunidades autónomas: Andalucía, Murcia y Galicia, y las más suaves: País Vasco y Navarra.

¿Por qué se renuncia a las herencias?

Uno de los hechos más importantes es la deuda. Si los beneficiarios son sabedores de los impagos no quieren heredar deudas y hacerse cargo de ellas. Un ejemplo de ello son los préstamos hipotecarios, los cuales deben pagar los sucesoras en caso de fallecimiento del titular, salvo que exista un seguro que se haga cargo de llo.

Otro de ellos es el impuesto de sucesiones y donaciones al que están sujetas las herencias es y ha sido una de las causas de renuncia, debido a que su importe puede ser extremadamente elevado en función de donde uno viva. Las Comunidades Autónomas son competentes cuanto a las bonificaciones eventuales y reducciones, así como los requisitos para acceder a ellas. Hay que abonarlo en los seis meses posteriores al fallecimiento. Por ejemplo, Andalucía es la zona más cara tanto en términos absolutos y relativos, concretamente es 100 veces más ostentoso que en la comunidad madrileña.

Todos los notarios coinciden en que hay que renunciar cuando las deudas del fallecido tienen valor superior al patrimonio dejado, circunstancia que se dio con mucha frecuencia durante estos años de crisis. El problema reside en que los sucesores lo heredan todo, y si el activo de la herencia no es suficiente para compensar el pasivo, tendrán que responder con sus bienes personales.

Otra de las razones, pero menos común, es la renuncia por solidaridad con los otros beneficiarios. Las renuncias han aumentado también para beneficiar a otros herederos. Por ejemplo, una persona que tiene una buena posición y rechaza ser sucesor a favor de los hermanos a los que no les va tan bien”. Según el Código Civil, los hijos y descendientes son los primeros en heredar a falta de testamento. Le siguen los padres y ascendientes, después el cónyuge hasta los colaterales. En última instancia, quien hereda es el Estado.

¿Si renuncia hay vuelta atrás?

Lo que sí hay que tener bien claro es que, una vez que se decide rechazar la herencia (o aceptarla), ya no hay vuelta atrás. A diferencia de la aceptación, que se produce solo cuando el heredero empieza a comportarse como tal, sin necesidad de firmar ningún documento —por ejemplo, haciéndose cargo de una empresa heredada; ni siquiera el pago del impuesto implica aceptación—, la renuncia precisa formalizar una escritura pública ante notario. El coste ronda los 100 euros. “Hay que renunciar solo cuando se está absolutamente seguros.

Si tienes dudas sobre este tema, contacta aquí con los profesionales de J. Barber y Asociados.


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