La banca, y no el cliente, debe asumir el impuesto de las hipotecas

El Tribunal Supremo ha cambiado de criterio respecto a quién debe hacerse cargo de abonar los impuestos derivados de la constitución de la hipoteca. Esta decisión contradice al fallo del mismo tribunal que a principios de año eximía al banco del pago del mismo y dictaminaba que debía ser el cliente quien lo asumiera. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha rectificado y acaba de señalar que quien debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, no la o las personas que reciben dicho préstamo.

En la sentencia del 16 de octubre se modifica la jurisprudencia anterior y concluye que el prestatario no es el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria (como aquella jurisprudencia sostenía) sino la entidad que presta la suma correspondiente.

Durante los últimos meses,  los especialistas jurídicos de J.Barber y Asociados hemos mantenido la prudencia y hemos aconsejado a nuestros clientes que esperaran. Pero a partir de este momento, todos los afectados por el pago de gastos hipotecarios deben acudir a nuestros despachos y comenzaremos los trámites.
Los juzgados especializados en cláusulas suelo de Valencia están colapsados y por ello, el proceso puede ser largo, pero el resultado será muy beneficioso para nuestros clientes. Con esta nueva sentencia, los prestatarios podrán recuperar su dinero.

El Supremo libra a la banca del impuesto derivado de la constitución de la hipoteca

El alto tribunal dictamina que por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario, que es el sujeto pasivo del impuesto

El Supremo ha variado su criterio debido a «que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca».
Este nueva sentencia podría poner entre cuerdas a la banca y provocar una auténtica avalancha de reclamaciones judiciales. Pero es recomendable y aconsejable que todas las personas que pagaran este tipo de impuesto denuncien ante los tribunales pertinentes. En J.Barber y Asociados somos especialistas en este tipo de reclamaciones, llámenos y le asesoraremos.


El TS ha establecido como doctrina legal que las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del IRPF

El abogado del Estado recurrió al Supremo esta última sentencia por considerar que era contradictoria con fallos de los tribunales superiores de Castilla y León y Andalucía, sobre la misma materia, y argumentando, entre otros motivos, que la prestación de maternidad satisfecha por la Seguridad Social tiene la función de sustituir la retribución normal (no exenta en el IRPF) que obtendría la contribuyente por su trabajo habitual y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente permiso. Añadía que no cabe extender a las prestaciones por maternidad de la Seguridad Social la exención que el artículo 7 de la Ley del IRPF (LA LEY 11503/2006) sí establece para dichas prestaciones por maternidad cuando proceden de las comunidades autónomas o entidades locales. Se trata de la STS 1462/2018, de 3 de octubre (LA LEY 127176/2018).

Por ello, el Supremo considera que la prestación por maternidad realizada a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social puede incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero letra h del artículo 7 de la Ley del IRPF (LA LEY 11503/2006). En su sentencia, el magistrado José Diaz Delgado, se dispone que “igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”.

Por ello, se podrán reclamar desde las que se declararon en el modelo IRPF 2014. Ante cualquier duda, consúltanos. Somos expertos en fiscalidad.

En primer lugar, como se nombra en la Exposición de Motivos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre (LA LEY 2013/2003), de medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que introdujo la mencionada exención en la Ley 40/1998 (LA LEY 4419/1998) del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y pasó al Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo (LA LEY 372/2004), se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LA LEY 11503/2006). En ella se expone que: «En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en primer lugar, se establece la exención de las prestaciones públicas percibidas por nacimiento, parto múltiple, adopción, maternidad e hijo a cargo, entre las que se incluyen las prestaciones económicas por nacimiento de hijo y por parto múltiple previstas en el Real Decreto Ley 112000, de 14 de enero».

Exposición:

El Supremo argumenta en la referida Exposición de Motivos “se desprende que la exención que se establece comprende la prestación de maternidad y no sólo las de nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo, pues se refiere expresamente a la prestación por maternidad y no parece pretender que su alcance se limite a las concedidas por las comunidades autónomas o entidades locales, sino que trata de establecer la exención de todas las prestaciones por maternidad, sin distinción del órgano público del que se perciban, lo que conduce a estimar que el párrafo cuarto del artículo 7 letra h de la ley del IRPF (LA LEY 11503/2006) trata de extender el alcance del tercer párrafo a las percibidas de las comunidades autónomas o entidades locales”.

Además el Supremo aporta que: “Cuando el párrafo cuarto comienza con la palabra “también” estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales”, después de declarar exentas en el párrafo tercero “las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”, parece dar a entender que además de las que corren a cargo de la Seguridad Social, entre las que cabe incardinar las prestaciones por maternidad, están exentas las que por el mismo concepto se reconozcan por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pues en otro caso la partícula “también” sería inútil, y podría dar lugar a entender que el legislador ha querido exclusivamente declarar exentas éstas últimas y excluir las estatales”.

Por último, se apoya en una interpretación sistemática, basada en que la prestación por maternidad es el subsidio que gestiona la Seguridad Social que trata de compensar la pérdida de ingresos del trabajador a consecuencia del permiso de descanso por el nacimiento de un hijo, adopción, tutela o acogimiento, y durante ese periodo el contrato de trabajo queda en suspenso interrumpiéndose la actividad laboral. Por ello, a tenor del artículo 177 de la Ley General de la Seguridad Social (LA LEY 16531/2015), el Supremo recuerda que se consideran situaciones protegidas la maternidad, la adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo regulen.

“En consecuencia –concluye la sentencia– la prestación por maternidad puede incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero de la letra h del artículo 7 de la LIRPF (LA LEY 11503/2006), y por ello el recurso de casación ha de ser desestimado y establecer como doctrina legal que ‘las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas’.”

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Justicia detalla el despido correspondiente tras una cadena de contratos de carácter temporal

La Audiencia Nacional (AN) desaprueba quitar de la indemnización por despido improcedente aquellas cantidades percibidas por la finalización de los contratos temporales suscritos. La sentencia, nº 655/2018 de 20 junio, desestima dicho descuento cuando el empleador mantiene el encadenamiento de contratos temporales declarados indefinidos judicialmente.

En dichos casos, la AN constituye que la detracción o minoración ha de actuar solamente sobre la indemnización obtenida por finalización del último contrato temporal, a razón de que el trabajador sí se haya pronunciado y haya sido objeto de despido con declaración de improcedencia, con lo cual, confirma que es sólo en este caso donde se da la duplicidad en las indemnizaciones.

El socio del área laboral de Andersen Tax & Legal, Alfredo Aspra, destaca su interés en esta sentencia y esclarece que los perjudicados eran cuatro trabajadores de carpintería que estaban contratados en Escuelas Talleres con sucesivos contratos para obra determinada, los cuales al concluir sus actividades recibieron la indemnización legal de 12 días por año trabajado.

Señala: ‘Debido a su antigüedad, las indemnizaciones iban de los 38.342€ a los 45.587€. La duración del último contrato suscrito por cada uno de los trabajadores fue de aproximadamente dos años, con lo cual si se tiene en cuenta que el promedio de la remuneración era de 83€, serían unos 2.000€ a restar de las indemnizaciones establecidas en las sentencias de Primera Instancia y del Tribunal Superior de Justicia, que evaluaron la antigüedad desde que dio inicio el primer contrato hasta que finalizó el último’.

‘La cantidad que se solicita que compensen parte de la cuantía de la indemnización por despido fue abonada en su momento por el empleador como elemento integrante de una serie de elementos que, conjuntamente, han sido calificados como contrataciones en fraude de ley, y por lo tanto, no produjeron una deuda del empleado a la empresa, y si la deuda es inexistente, es obvio que no procede compensación’, aclara el ponente del fallo, el magistrado Blasco Pellicer. ‘En el hipotético enjuiciado, los contratos suscritos con carácter temporal, se han convertido, por mor de fraude, en indefinidos. Su finalización definitiva ha sido fruto de una indemnización ante la improcedencia del cese, y podrían indicarse ya sin sustento las pactadas y conseguidas por la terminación de los contratos continuados objeto de una valoración que todo lo comprende”, agrega.

La sentencia establece que la confluencia de fraude en la contratación lo atenúa, de modo que las indemnizaciones alcanzadas después de cada finalización del contrato no pueden darse por anuladas cuando el empleador se mantiene en la suscripción de contratos temporales para labores designadas de permanentes.
“Por lo tanto, no puede hablarse de la existencia de beneficio ilícito anexado a los contratos precedentes al actual al tiempo del despido”.

“Por otro lado, tampoco tocaría hablar de dualidad de créditos, ni tener en cuenta en sentido estricto al asalariado como deudor por las cuantías ya recibidas al finalizar los contratos temporales previos al último impugnado, ni por lo tanto participa el elemento de exigibilidad”, termina la sentencia de la AN.


J. Barber y Asociados se une a la Asociación Estatal de Abogados Tus Derechos

J.Barber y Asociados continúa progresando e innovando para ofrecer los mejores servicios a sus clientes. Esta vez, los dirigentes de J.Barber y Asociados han decidido unirse a la Asociación Estatal de Abogados Tus Derechos para unir fuerzas con otros abogados para defender los derechos de los consumidores y usuarios.

Joaquin Barber Deusa, abogado de J.Barber y Asociados, ha valorado positivamente esta incorporación en la asociación puesto que «gracias a la unión de los conocimientos de diferentes expertos podremos luchar por los derechos de los consumidores y usuarios que en numerosas ocasiones se ven perjudicados por empresas con políticas erróneas». Algunos de los casos más extendidos en los últimos meses son por ejemplo: los gastos abusivos de las hipotecas. Los profesionales de la Asociación Estatal de Abogados Tus Derechos han solventado diferentes conflictos con entidades bancarias, quedando como resultado final la devolución de dichas tasas. Se trata de un éxito profesional y como para los consumidores de los servicios bancarios.

La Asociación Estatal de Abogados Tus Derechos cuenta con sedes en todas las provincias de España consiguiendo que al usuario le resulte muy sencillo acudir a la ubicación más cercana para conocer sus derechos y los procesos que puede seguir para garantizarlos. En el caso de la Comunidad Valenciana, J.Barber y Asociados será sede de dicha asociación, ofreciendo servicio de asesoramiento jurídico a todos los usuarios y consumidores que necesiten de ello.  Nuestro abogado Joaquin Barber Deusa formará parte de esta asociación que tiene como objetivo velar por la seguridad y los derechos de los clientes, y sobre todo defender los casos en los que no se cumplen estos derechos fundamentales.

Si quieres conocer más sobre la Asocación Estatal de Abogados Tus Derechos pincha aquí y conseguirás toda la información que necesites.

 


Impuesto sobre sociedades: cómo calcular la base imponible, plazos…

El Impuesto sobre Sociedades es una de las partes impositivas más importantes del sistema tributario español. Debido a que su finalidad se centra en gravar de manera directa las rentas obtenidas por las sociedades y demás entidades jurídicas que residan en territorio español.

Para calcular la determinación de la base imponible, se podrán disminuir compensando las bases imponibles negativas de períodos impositivos anteriores, sobre las que se aplica el tipo de gravamen para obtener la cuota íntegra del impuesto.

¿Cómo calcular la base imponible?

La base imponible se puede calcular gracias a diferentes métodos:

  • Por estimación directa: La base imponible se calculará mediante la aplicación de las normas establecidas en la ley del impuesto
  • Por estimación objetiva: Este método se podrá aplicar cuando la ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) determine su aplicación. El proceso a seguir es: la base imponible se determina total o parcialmente mediante la aplicación de los  índices, signos o módulos a los sectores de actividad que determine la ley del impuesto.
  • Por estimación indirecta: Es un método subsidiario aplicable según lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

¿Cuál es el plazo para presentar el Impuesto sobre Sociedades?
La declaración del Impuesto sobre Sociedades  no fija un plazo de presentación única en el cual estén sujetos todos los contribuyentes. Cada sujeto pasivo tiene su propio plazo, dependiendo de la fecha en la cual concluya su período impositivo.

Concretamente, la presentación del modelo 200 y del 220 para los grupos en régimen de consolidación fiscal sí tiene un plazo estipulado. La declaración se debe realizar dentro de los 25 días naturales siguientes a los 6meses posteriores a la conclusión del período impositivo.

Otro de los casos más comunes es el correspondiente a los sujetos pasivos cuyo ejercicio económico coincida con el año natural. Para estos sujetos pasivos, el plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2017 queda fijado como fecha límite el 25 de julio de 2018.

Y como caso excepcional, es importante tener en cuenta que en las localidades en donde el último día del plazo voluntario de presentación sea festivo o sábado, los sujetos pasivos podrán presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades el primer día hábil siguiente.

 


Finaliza pronto el plazo para reclamar las cuotas participativas de la CAM

Según han manifestado reiteradamente los Tribunales de Justicia, el plazo de caducidad de 4 años de la acción judicial para reclamar la nulidad de las cuotas participativas de la C.A.M. se computa desde el 27 de marzo de 2014, fecha en la que la Comisión Gestora de la Fundación C.A.M. decidió amortizar las cuotas participativas de la C.A.M. asignándoles un valor «0» y echando a perder la inversión de miles de afectados.

Por ello, J.Barber y Asociados informa a todos aquellos afectados por las cuotas participativas de la C.A.M que el fin del plazo para poder reclamar judicialmente la nulidad de dichas cuotas está muy cerca y se producirá el próximo 27 de marzo de 2018. Más allá de dicho plazo, los afectados ya no podrán reclamar la nulidad de sus títulos por efecto de la caducidad de la acción judicial.Y por ello, no podrán recuperar sus ahorros.

La asesoría J. Barber y Asociados viene reclamando ante los Tribunales desde años atrás en defensa de los afectados de las cuotas participativas de la C.A.M., así como de los diversos productos financieros complejos que comercializó toda la banca y cajas de ahorro, con un 100% de éxito en sus demandas.

No olvide que si usted perdió su inversión en la adquisición de cuotas participativas de la C.A.M., J.Barber y Asociados cuenta con un excelente equipo de profesionales que con dedicación y honestidad le ayudará a recuperar su dinero, y sólo le cobrará honorarios si usted recupera su inversión. Estamos seguro que podremos ayudarle a recuperar sus ahorros. Nuestra profesionalidad nos avala y los casos de éxito también. No dude en ponerse en contacto con nosotros para que gestionemos su proceso judicial.


Guía para entender los nuevos derechos de los trabajadores autónomos

El pasado miércoles 25 de octubre se publicó en el BOE la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo (nueva Ley de Autónomos), creada con la voluntad de actualizar la legislación española y equipararla al resto de regulaciones europeas.

Dicha ley entró en vigor el miércoles 25 de octubre y incluye novedades muy importantes para los autónomos. Las analizamos:

  • Ya existía una tarifa plana para autónomos, pero con esta modificación se amplía a 12 meses y se reduce a 2 años, frente a los 5 actuales, el requisito de no encontrarse previamente de alta en el sistema de Seguridad Social para aquellos trabajadores que reemprendan su actividad por cuenta propia.
  • El recargo por retraso en el abono de las cuotas se rebaja a la mitad si está dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo.
  • En los supuestos de pluriactividad, la devolución del exceso de cotización realizado por el trabajador autónomo se realizará de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social.
  • Los trabajadores autónomos podrán modificar la base de cotización por la que viniesen obligados a cotizar hasta cuatro veces al año.

Se permitirá que hasta tres altas y tres bajas en el RETA dentro de cada año natural tengan efectos desde el momento de inicio o de cese en la actividad, en lugar de por meses completos.

Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo autónomo: Si se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo autónomo alcanzará al 100%.

Nueva bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social del 100% durante un período de 12 meses: se dará en el supuesto de contratación indefinida por parte del trabajador autónomo de su cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive.

Se incrementa de 7 a 12 años la edad de los menores a cargo que posibilitan el acceso a la bonificación, por un plazo de hasta 12 meses, del 100% de la cuota de autónomos por contingencias comunes.

Nueva bonificación para las trabajadoras autónomas que vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia en los 2 años siguientes de haber cesado su actividad por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento o tutela. La cuota por contingencias comunes quedará fijada en 50 euros mensuales durante los 12 primeros meses (o del 80% en caso de que hubiesen optado por una base superior a la mínima).

Se incluye dentro del concepto de accidente de trabajo, el accidente in itinere.

Asimismo, la nueva Ley de Autónomos introduce modificaciones en la Ley del IRPF, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2018, con la finalidad de aclarar la deducibilidad de los gastos en los que incurren los autónomos en el ejercicio de su actividad, de forma que puedan contar con una mayor seguridad jurídica tras los criterios mantenidos por la Agencia Tributaria y los Tribunales de Justicia.

En los casos en los que los autónomos afecten parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de su actividad económica, los gastos de suministros, como el agua, gas, electricidad, telefonía e Internet, podrán deducirse en un 30% de la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior.

Los gastos de manutención de los autónomos incurridos en el desarrollo de la actividad serán deducibles con los límites cuantitativos establecidos reglamentariamente para los trabajadores y siempre que se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago.


¿Cómo aprovechar fiscalmente las pérdidas de las sociedades y del patrimonio?

El aprovechamiento fiscal de las pérdidas forma parte de la planificación fiscal patrimonial, siendo una manera de reducir el impacto fiscal en las decisiones de inversión y desinversión por parte de los patrimonios particulares.

A nivel societario, las pérdidas también pueden tener un impacto muy significativo en la toma de importantes decisiones de compra y venta de empresas, siendo el aprovechamiento de los activos fiscales del Banco Popular, una de las razones de peso por las que el Banco Santander se hizo con el control de esta entidad financiera, ya que le supondrá un ahorro de 4.900 millones en impuestos.

Este ahorro fiscal del Banco Popular es fruto de las pérdidas durante los años de crisis y de las fuertes provisiones dotadas, que le proporcionaron un crédito fiscal contra Hacienda, que se puede restar de los impuestos a pagar en los próximos años y del que ahora se beneficiará el Banco Santander.

Las pérdidas bien gestionadas pueden por lo tanto suponer un ahorro fiscal tanto en particulares como en empresas.

Compensación de bases imponibles negativas de las empresas
A nivel societario, sin entrar en la casuística particular de las pérdidas en entidades financieras, el artículo 26.1 de la LIS indica que las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación podrán ser compensadas con las rentas positivas de los periodos impositivos siguientes, sin establecer límite temporal alguno.

La Ley del Impuesto sobre Sociedades permite pues minorar los beneficios fiscales de un ejercicio con pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, y aunque no se establece límite temporal alguno, si se determina el límite cuantitativo del 70 % de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a su integración. Aunque, en cualquier caso, se podrán compensar en el periodo impositivo bases imponibles negativas hasta el importe de 1.000.000 de euros, o la parte proporcional en el caso de que el periodo impositivo sea inferior al año.

Es importante tener en cuenta que el derecho de la Agencia Tributaria para iniciar un procedimiento de comprobación de las bases imponibles negativas compensadas o pendientes de compensación prescribirá a los 10 años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al periodo impositivo en que se generó el derecho a su compensación, por lo que se debe guardar toda la documentación que justifique la existencia de estas bases durante este periodo de tiempo.

Una vez transcurrido dicho plazo, si el contribuyente pretende compensar bases imponibles negativas, deberá acreditar que estas resultan procedentes mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación y de la contabilidad, con acreditación de su depósito durante el citado plazo en el Registro Mercantil.

En relación con las grandes empresas, la disposición adicional decimoquinta de la LIS ha establecido unos límites diferentes al general del 70 %, aplicables para periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2016, determinados en función de la cifra de negocios de los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, de manera que si esta:

Se encuentra entre 20.000.000 y 60.000.000 de euros, el límite a la compensación de las bases imponibles negativas se fija en el 50 % de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a su compensación.
Es superior a los 60.000.000 de euros, el límite a la compensación de las bases imponibles negativas se fija en el 25 % de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a su compensación.


¿Cómo te afectará la nueva rebaja del IRPF?

La primera rebaja de impuestos de los últimos 2 años ya es un hecho gracias al acuerdo conseguido entre el ejecutivo y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Este último exigía un recorte impositivo de 2.000 millones de euros para pactar el techo de gasto. En primer momento solo se beneficiarán las rentas más bajas, las que se sitúan por debajo de los 17.500 euros, pero dicho acuerdo se podría extender al resto de contribuyentes antes de que termine la legislatura.

Los beneficiados

Con dicho acuerdo, los contribuyentes beneficiados se dividirán en 3 grupos. Para el primero de ellos, supondrá elevar el mínimo exento del pago de impuestos, actualmente el umbral es de 12.000 € y ascendería a 14.000 €. Dicha medida beneficiará a 3,5 millones de familias, que sus bolsillos tendrán 800 € más al año. El segundo cambio consistirá en aplicar un menor gravamen a las rentas que ganan entre 14.000 euros y 17.500 euros. Para este caso, se aplicará una reducción fiscal descendente que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha especificado pero los técnicos de Hacienda calculan que el ahorro anual rondaría los 250 euros. El tercer cambio de dicho acuerdo tendrá efectos en la declaración de la renta al aprobarse un aumento de la deducción por discapacidad, además de una ampliación de la deducción para familias con un cuarto hijo o más. Asimismo, se ha acordado también una nueva deducción o impuesto negativo de hasta 1.200 euros anuales por atención a familiares por determinadas circunstancias (discapacitados o ancianos).

En cuanto al impacto, que rondará los 2.000 millones de euros, Luis del Amo, secretario del REAF (Registro de Economistas Asesores Fiscales) cree que se podrán compensar «vía crecimiento. Si España sigue creciendo al ritmo actual, la recaudación impositiva también lo hará sin necesidad de aplicar nuevos impuestos o reducir el gasto». Los expertos también se han referido a la extensión de la rebaja al resto de rentas y creen que puede ser factible, aunque será una decisión más bien política.


¿Qué acciones legales puedes ejercitar si eres accionista de Banco Popular?

Tras el anuncio de compra del Banco Popular por parte de Banco Santander ha generado un revuelo en el sector financiero. Existen muchas preguntas entorno a la compra pero la que más se realiza es: qué ocurrirá con los inversores y si podrán reclamar lo perdido durante los últimos meses. En primer lugar, por decisión de las autoridades de resolución (Junta Única de Resolución o Single Resolution Board -SRB- y FROB) las acciones de la entidad han sido amortizadas a valor 0, por ello los accionistas han perdido todo su capital invertido.

¿Qué acciones legales puedes ejercitar si eres accionista de Banco Popular?

Tras la noticia, los inversores deben conocer perfectamente qué acciones legales pueden tomar al respecto. Según Joaquin Barber, abogado de J.Barber y Asociados, aquellas personas que acudieron a la adquisición de acciones con folleto falso pueden reclamar la pérdida. En el dicho caso, se refiere a aquellos que acudieron a la ampliación de capital de Banco Popular de junio de 2016. Y si los afectados acreditan que el folleto no reflejaba la imagen real del banco, pueden reclamar la pérdida de su capital. Según explica este experto, la demanda judicial se presentaría contra Banco Popular y, en caso de estimarse, sería el Popular, filial de Banco Santander, el obligado al pago. Ya que tras la absorción del Banco Popular, Santander sería el responsable directo, por sucesión universal.

Por su parte, Joaquin Barber señala que “los accionistas cuentan con varias acciones legales en la vía civil para defender su posición, dirigidas frente al Banco Popular, y sin perjuicio de las acciones penales que podrían interponerse también, en su caso, frente a la propia entidad así como contra sus antiguos gestores”.

¿Qué ocurre si la compra ha sido voluntaria?

El abogado Joaquin Barber afirma que «en los casos en los que la compra de acciones haya sido voluntaria resulta más complicado reclamar a menos que pueda demostrarse una mala gestión de los antiguos administradores o un engaño en la salida a bolsa como ocurrió con las acciones de Bankia». En caso de que se hubiera producido este engaño, por ejemplo mediante falsificación de las cuentas, la acción legal debería dirigirse contra la propia entidad Banco de Popular o contra Santander, si la primera desapareciera por absorción.

También existe otra opción, si la compra de acciones se realizó por asesoramiento de la propia entidad, podría atacarse dicha compra por un deficiente asesoramiento por parte de la entidad bancaria, debiendo probarse que fue la propia entidad o sus empleados quienes recomendaron la compra de acciones.

Si compró acciones del Banco Popular, no dude en ponerse en contacto con J. Barber y Asociados y responderemos todas sus preguntas. Llámenos al: 962 86 92 12 o visite nuestro despacho en: Carrer Forn, 1 en Gandia (Valencia).


J Barber y Asociados

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